El vínculo entre el gobierno de Río Negro y los principales gremios estatales entró en una fase crítica tras la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de postergar la reapertura de paritarias hasta enero. ATE, UPCN, UnTER y Asspur coinciden en un diagnóstico común: con salarios por debajo de la línea de pobreza y sin negociación en curso, el inicio de 2026 amenaza con un escenario de alta conflictividad social y política.
La estrategia oficial genera desconcierto incluso dentro del propio discurso del Ejecutivo. Mientras Weretilneck sostiene que los salarios se recompondrán “con el crecimiento de la recaudación”, al mismo tiempo denuncia una pérdida mensual de unos 10 mil millones de pesos por coparticipación. El Presupuesto 2026, aprobado recientemente en la Legislatura, refuerza las alarmas: prevé el ingreso de entre 1.300 y 3.500 nuevos empleados públicos y apenas un 11% de incremento en partidas salariales para todo el año.
Durante años, el gobernador construyó la narrativa de que Río Negro estaba entre las provincias con mejores sueldos estatales del país. Hoy, esa bandera quedó desactualizada. Los gremios aseguran que una mayoría de los trabajadores percibe ingresos por debajo de la canasta básica, que ya supera los 1,27 millones de pesos. El bono escalonado otorgado en octubre y noviembre fue leído como un parche insuficiente y la promesa de una paritaria en diciembre nunca se cumplió.
UPCN fue uno de los sindicatos más duros. Denunció que el gobierno prioriza la obra pública por sobre la recomposición salarial y acusó al Ejecutivo de usar los sueldos como variable de ajuste. ATE, en tanto, declaró el estado de alerta y asamblea permanente, advirtió sobre un “congelamiento ilegal” de salarios y alertó que más del 70% de los estatales está por debajo de la línea de pobreza. Ambos gremios anticipan medidas de fuerza durante el verano.
El conflicto se agrava con la incorporación de los docentes y el sector salud. UnTER reclamó paritarias urgentes y advirtió que sin respuestas el inicio del ciclo lectivo está en riesgo. Asspur, por su parte, denunció un deterioro extremo del sistema sanitario y puso como ejemplo la renuncia masiva de enfermeros del hospital Zatti de Viedma, episodio que sólo se desactivó con pagos extraordinarios. Con varios frentes abiertos y sin diálogo en marcha, Weretilneck se enfrenta a un arranque de año donde la calle amenaza con convertirse en el principal escenario político.