Carlos Menem y el indulto a Videla y Massera: 35 años de una decisión que cambió todo

No hubo anuncio en cadena nacional ni debate parlamentario. El 29 de diciembre de 1990, mientras el país se preparaba para despedir el año, un decreto firmado en silencio desde la Casa Rosada alteró de manera profunda el sentido de la transición democrática. Con su firma, el entonces presidente Carlos Menem ordenó la liberación de los excomandantes de las Juntas Militares condenados por el terrorismo de Estado.

El Decreto 2741 no fue solo una decisión jurídica. Fue un mensaje político: el Estado argentino estaba dispuesto a sacrificar justicia en nombre de una supuesta estabilidad. A 35 años de aquel día, el indulto ya no se recuerda como un gesto de pacificación, sino como el punto más alto de una política de impunidad.

Un país que ya había juzgado

Cinco años antes, en 1985, la democracia había dado un paso inédito en el mundo. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Juicio a las Juntas sentó en el banquillo a los responsables máximos del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Las condenas a prisión perpetua contra Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera habían sellado un consenso básico: nunca más.

El indulto rompió ese acuerdo social. No reabrió una herida: la dejó expuesta.

La lógica del perdón como estrategia de poder

Menem llegó al poder en un país atravesado por la hiperinflación y con unas Fuerzas Armadas que aún conservaban capacidad de presión, tras los alzamientos carapintadas que habían jaqueado al gobierno radical. Su respuesta fue tajante: clausurar la llamada “cuestión militar” mediante el olvido jurídico.

El Decreto 2741 fue el golpe final de esa estrategia. Benefició a Videla, Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Orlando Agosti y a figuras clave del aparato represivo como Ramón Camps. El mensaje fue explícito: mirar hacia adelante implicaba dejar atrás los tribunales.

Cuando el derecho internacional chocó con el decreto

Incluso en 1990, el indulto caminaba por una cornisa legal. Los crímenes cometidos por las Juntas ya eran considerados, en buena parte de la doctrina internacional, delitos de lesa humanidad: imprescriptibles y no amnistiables.

El decreto intentó cerrar por vía administrativa una discusión que ya había salido del plano jurídico y se había instalado en el terreno ético. No era solo una causa penal: era una cuestión de valores democráticos.

Del silencio oficial al escrache social

La respuesta no vino del Estado, sino de la sociedad civil. Ante la imposibilidad de ver a los genocidas nuevamente en prisión, los organismos de Derechos Humanos encontraron otra forma de condena: el escrache.

En los años siguientes, familiares de desaparecidos y agrupaciones como H.I.J.O.S. llevaron la memoria a las veredas, a las plazas y a los barrios donde vivían los indultados. La consigna fue tan simple como contundente: si no hay justicia, hay escrache. El indulto no pacificó; trasladó el conflicto a la vida cotidiana.

La revancha de la memoria y el tiempo judicial

Lejos de clausurar el pasado, el Decreto 2741 terminó alimentando una larga batalla jurídica. La vigencia de los indultos empujó a los organismos a explorar nuevas vías, como las causas por apropiación de bebés, para volver a sentar a los responsables ante los jueces.

El giro llegó en el nuevo siglo. En 2003, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia selló el cambio de época al declarar inconstitucionales los indultos de Menem, al sostener que ningún poder del Estado puede perdonar crímenes de lesa humanidad.

Treinta y cinco años después, el Decreto 2741 quedó reducido a lo que realmente fue: un intento de imponer el olvido desde arriba. La historia demostró lo contrario. En Argentina, la democracia no se fortaleció con el perdón forzado, sino cuando la memoria colectiva volvió a colocar a la justicia en el centro del contrato social.