El gobernador Axel Kicillof enfrenta un escenario político complejo tras vetar parcialmente el presupuesto de la Cámara de Diputados para 2026. La decisión provocó que el PJ, el PRO y la UCR coincidan en un diagnóstico de inconstitucionalidad, abriendo un conflicto de poderes sin precedentes en la provincia.
La medida afecta cuatro artículos clave que garantizaban el envío automático de fondos diarios a la Cámara mediante el Banco Provincia. Según el Ejecutivo, estas cláusulas rompían el equilibrio de la administración pública al darle un trato preferencial a los diputados sobre otros sectores del Estado.
El reclamo transversal de los bloques estalló luego de confirmarse que la Provincia mantiene una deuda de $20.000 millones con la Cámara, afectando el pago de sueldos de empleados contratados.
El rechazo une a sectores que suelen estar enfrentados, como el peronismo alineado con Cristina Kirchner y los bloques del PRO y la UCR. El presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, y el jefe de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, cuestionan que el mandatario provincial intente controlar la "caja" del Poder Legislativo de forma discrecional.
Desde el entorno de los ministros Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno), sostienen que la "extrema imprevisibilidad" financiera obliga a centralizar los recursos. Sin embargo, para los legisladores, esta medida busca disciplinar políticamente a la Cámara en un año electoral clave.

El sustento legal del reclamo se apoya en el Artículo 94 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Este texto establece de forma explícita que la Legislatura sancionará su propio presupuesto y que "esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo".
La asfixia presupuestaria ya se siente en los pasillos de La Plata. Durante 2025 se registraron retrasos en los pagos de trabajadores bajo locación de servicios y monotributistas, situación que los diputados buscaban evitar para 2026 con las transferencias automáticas ahora vetadas.
Los bloques evalúan ahora dos caminos: intentar los dos tercios de los votos para rechazar el veto en el recinto o acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia. La resolución de este conflicto definirá quién maneja los $222.800 millones asignados para el funcionamiento legislativo del próximo año.
TM