Transición energética en juego: qué define la regulación de baterías en República Dominicana

La transición energética dejó de ser un concepto abstracto en la República Dominicana y pasó a expresarse en decisiones regulatorias concretas. Con una matriz eléctrica presionada por el crecimiento acelerado de la energía solar y la persistencia de cuellos de botella en la red, el almacenamiento comenzó a ocupar un lugar central en la discusión pública. La pregunta ya no es si el país necesita baterías, sino bajo qué reglas podrá integrarlas sin desordenar el sistema.

En ese contexto, el regulador eléctrico dominicano abrió un proceso de ajuste normativo orientado a definir cómo deben operar los sistemas de almacenamiento de energía. El movimiento refleja una toma de conciencia institucional: sin flexibilidad, la expansión renovable puede convertirse en un problema operativo. El almacenamiento aparece como la pieza que falta para estabilizar oferta y demanda, especialmente en horas de alta generación solar y bajo consumo.

República Dominicana 

Reglas para un sistema más flexible

El núcleo del debate está en la definición regulatoria del almacenamiento. No es un detalle técnico menor: según cómo se lo clasifique —como generación, como activo de red o como servicio complementario— cambian los incentivos, los riesgos y la viabilidad económica de los proyectos. La consulta pública busca ordenar ese vacío, establecer responsabilidades claras y evitar superposiciones normativas que ahuyenten inversiones.

La experiencia regional muestra que llegar tarde tiene costos. Países que expandieron renovables sin reglas claras para baterías enfrentaron vertimientos de energía y distorsiones de precios. En el caso dominicano, el ajuste llega en una ventana todavía favorable: el mercado crece, pero no está saturado. Definir ahora el marco del almacenamiento puede evitar ineficiencias estructurales y reducir la dependencia de generación térmica en momentos críticos.

RD ajusta reglas para baterías y busca sostener la expansión solar sin afectar la estabilidad del sistema.

Señales al mercado y escenarios posibles

Más allá del texto regulatorio, el mensaje político-económico es relevante. Al intervenir sobre el almacenamiento, el Estado reconoce que la transición energética exige planificación y no solo incentivos a la generación limpia. La previsibilidad normativa se vuelve una condición clave para atraer capital, en un contexto regional donde los fondos miran con atención proyectos vinculados a flexibilidad y resiliencia del sistema.

El almacenamiento eléctrico emerge como eje regulatorio para evitar distorsiones y atraer inversión.

El desenlace dependerá de la calidad final de las reglas. Un marco claro y operativo puede convertir al país en referencia caribeña en integración de baterías; uno ambiguo puede postergar decisiones y encarecer el sistema. El almacenamiento ya no es una opción marginal, sino una variable estratégica que definirá si la expansión renovable se consolida o entra en tensión con la estabilidad eléctrica.