El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una de las medidas emblemáticas en materia de seguridad para el control de protestas sociales.
Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien advirtió que sin ese instrumento “no hay orden, hay caos”, y acusó a la Justicia de responder a intereses de la “vieja política”.
La funcionaria cuestionó la resolución que frenó la vigencia del protocolo y sostuvo que se trata de un intento de avanzar sobre una política pública que, según afirmó, cuenta con respaldo técnico, jurídico y operativo. “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar”, enfatizó en sus redes sociales.
Monteoliva defendió el esquema diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich y aseguró que se trata de una herramienta clave para garantizar la paz social y la libre circulación. “Vamos a defenderlo a toda costa porque es lo que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, remarcó.
En el mismo sentido, la ex ministra y actual senadora Patricia Bullrich también salió al cruce del fallo y apuntó contra el magistrado que lo firmó.
Según sostuvo, el protocolo había sido validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno”, lanzó.
Bullrich afirmó que la decisión judicial beneficia a quienes “viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, y advirtió que los principales perjudicados son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”. “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”, insistió.
La polémica se desató luego de que el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, resolviera frenar la aplicación del protocolo para el control de movilizaciones y cortes de calle, tras un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El fallo declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y dejó en suspenso su vigencia, lo que abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Desde el Gobierno adelantaron que recurrirán la medida en las instancias superiores y ratificaron que mantendrán su política de seguridad enfocada en el control de las protestas y la garantía del orden público.
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