Durante años, el sur de Chile ocupó un lugar central en el mercado mundial del salmón, mientras Argentina se mantuvo al margen de esa industria y dependió de las importaciones. Con la aprobación de una nueva Ley de Acuicultura y Producción de Salmón en Tierra del Fuego, ese equilibrio regional comienza a ser revisado y abre un nuevo capítulo en las relaciones económicas de la Patagonia austral.
La norma reemplaza la prohibición total vigente desde 2021 por un marco regulado, alineado con prácticas internacionales de zonificación y control ambiental. El cambio no es menor en términos geopolíticos y comerciales: Argentina busca dejar de ser solo un comprador para convertirse en un posible productor y exportador dentro de un mercado global altamente competitivo.
La ley mantiene prohibiciones estrictas en áreas sensibles como el Canal Beagle, lagos y lagunas, pero habilita la producción acuícola en zonas marítimas consideradas aptas, siempre bajo evaluación de impacto ambiental y reglas sanitarias claras. Este esquema se asemeja a modelos aplicados en otros países productores, donde la actividad convive con áreas protegidas a partir de una delimitación precisa del territorio.
Desde una perspectiva internacional, el dato clave es que la decisión fueguina dialoga directamente con el modelo chileno, en especial con la región de Magallanes, donde la salmonicultura se consolidó como uno de los motores económicos del extremo sur.
En Magallanes, la producción de salmón representa cerca de la mitad del producto bruto regional y genera más de mil millones de dólares anuales en bienes y servicios. Además, sostiene miles de empleos directos e indirectos y posiciona a Chile como uno de los principales exportadores mundiales del sector.

Ese contraste es central para entender el debate actual. Mientras Chile abastece mercados de América del Norte, Europa y Asia, Argentina importa alrededor de cinco mil toneladas de salmón por año, principalmente desde el país vecino, con un costo anual estimado entre cuarenta y cincuenta millones de dólares.
La nueva ley abre la posibilidad de modificar la posición argentina en la cadena regional del salmón. En el plano internacional, el objetivo no se limita a sustituir importaciones, sino a integrarse a un mercado de alimentos premium en expansión, donde la Patagonia es una marca reconocida a nivel global.
En ese sentido, el cambio normativo puede leerse como una señal hacia el exterior: Argentina busca participar de un negocio que hoy concentra divisas, inversiones y tecnología del otro lado de la cordillera.

La salmonicultura es una de las actividades más observadas por organizaciones ambientales internacionales debido a sus impactos potenciales sobre los ecosistemas marinos. Por eso, el nuevo marco fueguino pone el acento en controles, monitoreo permanente y límites geográficos, un punto clave para su legitimidad externa.
El desafío será demostrar que una producción regulada puede alinearse con estándares ambientales internacionales y evitar conflictos que, en otros países, derivaron en cuestionamientos diplomáticos y comerciales.

Más allá de las fronteras nacionales, la Patagonia funciona como una región integrada desde el punto de vista ambiental y económico. La decisión de Tierra del Fuego no solo tiene impacto interno, sino que se inscribe en una dinámica transnacional donde Argentina y Chile comparten mares, rutas comerciales y mercados de destino.
En ese contexto, la nueva ley no cierra el debate, pero lo traslada a otro plano: cómo competir, cooperar o complementarse en un negocio global que ya es estratégico para el Cono Sur.