El campo de la provincia de Buenos Aires fue protagonista durante todo 2025 de hechos noticiables que marcaron el pulso de un sector clave para la economía argentina. Mientras productores de algunas regiones lograron recuperarse tras años de sequía, otros padecieron el impacto de las peores inundaciones de la última década.
El año que termina también dejó un punto de quiebre en la disputa entre las entidades rurales y los municipios por las tasas locales, con reclamos por contraprestaciones ante el deterioro de los caminos rurales.
La Legislatura bonaerense fue otro escenario central, atravesado por conflictos impositivos y por dos proyectos de ley que encendieron la alarma del sector: una iniciativa sobre el cuidado del suelo impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la polémica “tasa al metano”.
Las elecciones también dejó señales inesperadas, con triunfos del peronismo en zonas rurales y un resultado final que volvió a dejar al agro prácticamente sin representantes propios en la Legislatura.
A continuación, el anuario con los principales temas que seleccionó NewsDigitales.
Las lluvias impulsaron la producción en algunas zonas, pero el exceso hídrico provocó un desastre productivo en amplios distritos del centro y noroeste bonaerense.
Las precipitaciones comenzaron en marzo y, para septiembre, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) estimó en cinco millones de hectáreas las afectadas.
Entre los distritos más golpeados se encuentran 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado, Carlos Tejedor, Lincoln, 25 de Mayo, Roque Pérez, Pehuajó, General Viamonte, Tapalqué, Saladillo, Daireaux y Bolívar.
Inundaciones en la provincia de Buenos Aires El reclamo de los productores trascendió el pedido de alivio impositivo y se concentró en la falta de obras hídricas estructurales y en el deficiente mantenimiento de los caminos rurales. En municipios como 9 de Julio y Carlos Casares se registraron protestas frente a las sedes comunales y, en algunos casos, presentaciones judiciales por presunta negligencia oficial.
El drama de las inundaciones reactivó con fuerza el reclamo por la continuidad del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, una obra clave y postergada para la región.
El conflicto expuso además tensiones políticas entre el gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei por la responsabilidad de cada nivel del Estado en la ejecución de los distintos tramos.
Durante buena parte del año, el Consejo Asesor del Plan Maestro -integrado por CONINAGRO, Sociedad Rural Argentina, CARBAP y la Unión Industrial Argentina- lideró el pedido para reactivar un tramo estratégico de 30 kilómetros a la altura de Roque Pérez, cuya ejecución correspondía a Nación y había sido paralizada tras el freno a la obra pública.
En octubre, el Gobierno nacional anunció la reactivación de ese tramo, mientras que la Provincia incluyó en el Presupuesto 2026 obras complementarias como el Nodo Bragado y el tramo V de la cuenca, con financiamiento internacional. Desde la gestión bonaerense advirtieron que el avance de estas obras dependerá de que Nación complete previamente el tramo IV.
Las tasas municipales al campo fueron uno de los principales focos de conflicto del año. A comienzos de 2025, un informe elaborado por CARBAP, tras reclamos generalizados de las rurales, funcionó como disparador de planteos territoriales.
El mal estado de los caminos, agravado por las lluvias y la falta de mantenimiento, puso en discusión la contraprestación efectiva de los servicios. Los reclamos se multiplicaron en distritos como 9 de Julio, General Viamonte, Carlos Casares y Bolívar.
En algunos casos, el conflicto se judicializó. Uno de los fallos más relevantes fue en Baradero, donde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás obligó al municipio a detallar en qué se utilizaron los fondos cobrados a los productores.
En paralelo, surgieron soluciones políticas puntuales, como en Azul, donde el Concejo Deliberante habilitó a los productores a reparar caminos rurales por su cuenta a cambio de descuentos impositivos.
En el tramo final del año, el foco se trasladó a la “tasa al combustible”, un recargo de entre el 2% y el 2,5% sobre la carga de naftas. Municipios como Cañuelas, Tapalqué y Coronel Suárez avanzaron con iniciativas similares, lo que reavivó el malestar del sector.
En octubre, un anteproyecto elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) sobre el cuidado integral de los suelos y el agua generó un fuerte rechazo en las entidades rurales.
La iniciativa, aún sin ingreso formal a la Legislatura, fue cuestionada por CARBAP, que denunció un avance sobre la propiedad privada mediante controles, sanciones y mayor burocracia. Desde el sector político, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) advirtió que el proyecto podría convertirse en una herramienta de control y persecución.
Referentes de CIAFBA rechazaron esas críticas y aseguraron que la propuesta no vulnera la propiedad privada, al tiempo que plantearon la necesidad de avanzar en un manejo adecuado del suelo ante los problemas de erosión que afectan a la provincia.
El estado del suelo en algunas regiones bonaerenses El balance de 2025 dejó pocas dudas entre los consignatarios de hacienda: fue un año excepcional para la ganadería bonaerense, con precios récord, alto volumen de operaciones y un contexto de mayor previsibilidad económica.
“La hacienda tuvo valores nunca vistos y el negocio mostró una fluidez terrible”, resumió Mariano Villalba, de la consignataria Jáuregui Lorda.
La mejora se sostuvo a lo largo de toda la cadena, impulsada por condiciones climáticas favorables y cambios en la política macroeconómica. Sin embargo, desde el sector advirtieron un límite estructural: la escasez de stock para sostener los valores en el mediano plazo.
A comienzos de diciembre, un proyecto presentado por la diputada Lucía Lorena Klug – cercana a Juan Grabois- propuso la creación de una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), que buscaba gravar las emisiones del ganado según la cantidad de cabezas.Desde el campo cuestionaron la iniciativa y la calificaron como un ataque directo a la producción.
Bugallo la definió como un “impuesto a los pedos de las vacas”, mientras que Klug defendió el carácter ambiental de la propuesta y acusó al sector de banalizar el debate.
En noviembre, la Justicia declaró la quiebra de Lácteos Conosur S.A., conocida comercialmente como “La Suipachense”, una empresa con más de 70 años de historia.
El cierre tuvo un fuerte impacto en Suipacha, una localidad de poco más de 11.000 habitantes, donde la empresa era uno de los principales motores económicos. Unas 143 familias quedaron sin trabajo y, según estimaciones oficiales, dejaron de circular unos 400 millones de pesos mensuales en la economía local.
La quiebra incluyó la clausura de la planta, la inhibición general de bienes y la inhabilitación comercial del administrador de la firma.
El cobro de la denominada “quinta cuota” del impuesto Inmobiliario Rural volvió a tensar la relación entre el sector y el gobierno provincial.
El polémico pago extra que se aplicó a quienes superaron los límites establecidos en la base imponible de sus propiedades rurales fue quitado en el proyecto de Presupuesto 2026 pero se mantuvo vigente ante la prórroga del presupuesto 2024 y el paquete impositivo que quedó vigente en 2025 ante la falta de acuerdos en la Legislatura.
Desde CARBAP cuestionaron la legalidad del adicional aplicado en diciembre y sostuvieron que la creación de nuevos impuestos es facultad exclusiva de la Legislatura.
ARBA, en cambio, argumentó que la prórroga del esquema impositivo los obligó a aplicar el cobro. “Es al revés, nosotros no tenemos facultades para no cobrar lo que dice la ley”.
Durante todo el año, la industria pesquera -con fuerte peso en Mar del Plata- reclamó al Gobierno nacional la eliminación o reducción de los derechos de exportación.
El sector quedó excluido tanto de la quita temporal de retenciones aplicada en septiembre como de las reducciones anunciadas en diciembre. Según estimaciones privadas, la pesca es el octavo complejo agroexportador del país y genera alrededor de USD 2.000 millones anuales.
Desde las cámaras advirtieron que la presión tributaria pone en riesgo la continuidad de plantas, flotas y empleos en las ciudades costeras.
“Creo que hay un poco de ignorancia y mucho de prejuicio con esto de que es un sector extractivo. Nos dicen: ‘Ustedes van, lo sacan del agua, lo venden y se llenan de plata’, lo que tiene que ver con un desconocimiento total de la cadena de valor, de la gente ocupada y del trabajo que se genera” lamentó el empresario pesquero marplatense Ciro D'Antonio, propietario del frigorífico del Sud Este y expresidente de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT).
Las elecciones de septiembre dejaron un dato inesperado: el peronismo se impuso en varias secciones del interior bonaerense históricamente adversas para ese espacio.
Fuerza Patria se impuso en la Segunda, Cuarta y Séptima sección, tres de las regiones más rurales de la provincia. La Libertad Avanza solo pudo ganar en la Quinta sección (Costa atlántica e interior sudeste) y en la Sexta , que nuclea a las localidades del sudoeste bonaerense.
Si bien una lectura rápida sugirió un respaldo del campo a Axel Kicillof, un análisis más fino mostró que la fragmentación opositora y la falta de acuerdos territoriales de La Libertad Avanza con el PRO fueron claves en el resultado.
En las nacionales de octubre, con un escenario más polarizado el voto del interior volvió a inclinarse mayoritariamente por la alianza prolibertaria.
El saldo final dejó una presencia mínima de representantes del agro en la Legislatura bonaerense. Sobre doce candidatos de la oposición posicionados en lugares expectantes - el peronismo no llevó postulantes del agro-, únicamente ingresó a la cámara de Diputados, el productor ganadero de Bahía Blanca y referente de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, quien encabezaba la lista seccional de Somos Buenos Aires por la sexta sección.
Ni La Libertad Avanza, la UCR o espacios que apostaron fuerte por el sector como Potencia lograron colocar candidatos del agro.
La reestructuración del INTA impulsada por el gobierno de Javier Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires.
El caso más emblemático fue el de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, en Ituzaingó, donde avanzó el cierre de la sede que articulaba asistencia técnica a pequeños productores y agricultura familiar del periurbano.
Protesta de trabajadores del INTA AMBA El proceso derivó en el desmantelamiento de nueve agencias de extensión rural en distintos puntos del conurbano y la región, y encendió alertas sobre el futuro de la asistencia técnica pública en el territorio bonaerense.