El Gobierno avanzó con una decisión de alto impacto en el área de discapacidad. Tras semanas de tensión y denuncias internas, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que la medida no implicará recortes en pensiones ni en las prestaciones vigentes, y que apunta a reducir estructuras políticas y corregir irregularidades administrativas.
Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni confirmó que “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir” y que todas sus atribuciones serán absorbidas por la cartera sanitaria. Según explicó, la decisión se venía evaluando desde la detección de múltiples irregularidades en el funcionamiento del organismo.
El funcionario remarcó que el objetivo es administrar las políticas de discapacidad “de manera transparente”, con trazabilidad de los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en cada resolución. “Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni absolutamente ninguna prestación”, insistió.
Adorni enumeró una serie de problemas detectados en la ANDIS, entre ellos descontrol administrativo, superposición de funciones y situaciones incompatibles con una gestión transparente. Como ejemplo, mencionó casos de personas que continuaban cobrando pensiones por discapacidad de familiares fallecidos.
En ese marco, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo, como parte del proceso de reordenamiento.
La decisión se conoce luego del escándalo que sacudió al área tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei. En esas grabaciones se hablaba de presuntas coimas y de manejos irregulares dentro del organismo.
Si bien Adorni evitó referirse directamente a ese episodio, el cierre de la agencia se produce en un contexto marcado por denuncias de corrupción que pusieron al sistema de discapacidad en el centro de la polémica.
La eliminación de la ANDIS llega luego de meses de reclamos del sector y de la negativa del Gobierno a aplicar la emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso. Organizaciones, familiares y personas con discapacidad denunciaron recortes, demoras en pagos y falta de respuestas oficiales, lo que derivó en movilizaciones frente al Ministerio de Salud y el Congreso.
Desde el Ejecutivo sostienen que el traspaso permitirá una gestión más eficiente y controlada, aunque las organizaciones del sector advierten que el cambio institucional genera incertidumbre sobre la continuidad operativa de los programas.
Con la disolución de la ANDIS, el Ministerio de Salud concentrará la totalidad de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El Gobierno asegura que el nuevo esquema garantizará controles más estrictos y eliminará discrecionalidades, mientras que la oposición reclama precisiones sobre el impacto real de la medida.
En un área especialmente sensible, el cierre del organismo marca un punto de inflexión que combina ajuste, reorganización estatal y un fuerte trasfondo político, con la promesa oficial de que las prestaciones no se verán afectadas.