Alejandra Monteoliva redobla la apuesta por el protocolo antipiquetes: qué dijo

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno nacional apelará el fallo judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich. La funcionaria sostuvo que la decisión judicial “avanza sobre una herramienta clave” para garantizar el orden público y cuestionó duramente al magistrado que firmó la resolución.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, escribió Monteoliva en su cuenta de X. Además, confirmó que el Ejecutivo no retrocederá: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar”.

SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS

Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar.

Este Protocolo tiene…

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 29, 2025

La ministra remarcó que el protocolo cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y aseguró que el Gobierno lo defenderá “a toda costa”. Según sostuvo, se trata de la herramienta que permitió “devolver orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, en una clara señal de que el Ejecutivo considera el fallo como un desafío político y no solo judicial.

También salió al cruce Patricia Bullrich, actual senadora nacional y autora del protocolo, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno”, escribió. Y agregó: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.

El fallo fue dictado este lunes por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien resolvió frenar la vigencia del protocolo tras un amparo presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). La decisión abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, en un contexto donde la política de seguridad vuelve a ubicarse en el centro de la disputa institucional.