La discusión sobre una eventual Asamblea Constituyente volvió al centro de la agenda colombiana impulsada por sectores cercanos al Gobierno y amplificada por el propio Gustavo Petro. El planteo aparece en un contexto de reformas trabadas, desgaste político y proximidad electoral, lo que le otorga un peso simbólico que excede lo estrictamente jurídico. No se trata solo de cambiar reglas, sino de redefinir el eje del conflicto político.
Desde 1991, Colombia cuenta con una de las constituciones más ambiciosas de la región en materia de derechos, control institucional y participación ciudadana. Sin embargo, la persistencia de desigualdades, la debilidad estatal en amplias zonas del país y la judicialización permanente de derechos sociales alimentaron la percepción de que el marco vigente es insuficiente. Esa lectura, no obstante, omite un punto central: la distancia entre el texto constitucional y su aplicación efectiva.
La apelación a una Constituyente como atajo político tiene antecedentes claros en América Latina. En Venezuela y Bolivia, los procesos constituyentes fueron presentados como instrumentos de refundación democrática, pero derivaron en concentración de poder y debilitamiento de contrapesos, sin resolver los problemas estructurales que prometían corregir. El texto cambió; las prácticas políticas, en lo esencial, no.
Chile ofrece una lección distinta pero igual de relevante. Allí, una demanda social genuina por un nuevo pacto constitucional terminó chocando con la falta de consensos amplios y con proyectos percibidos como excesivamente ideologizados. El resultado fue el rechazo popular en dos plebiscitos consecutivos, una señal de alerta para cualquier país que confunda malestar social con respaldo automático a una ruptura constitucional.
Lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave y necesitamos que todo el mundo se entere.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 28, 2025
A pocos meses de las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro acaba de cambiar toda la cúpula militar, ha lanzado un comité para una Asamblea Constituyente y ha declarado la… pic.twitter.com/6BkNs7W3EX
A diferencia de esos casos, Colombia no arrastra una Constitución de origen autoritario ni un texto agotado por diseño. La Carta de 1991 sigue ofreciendo herramientas suficientes para avanzar en reformas profundas si existiera voluntad política sostenida y capacidad de gestión. Insistir en una Constituyente puede funcionar como narrativa de confrontación, pero también corre el riesgo de desviar el foco del problema real: el incumplimiento sistemático de normas ya vigentes.
Colombia no necesita una constituyente. Necesita un verdadero presidente. pic.twitter.com/AIv5zsHPpm
— DMar Córdoba (@dmarcordoba) December 27, 2025
El dilema, entonces, no es Constitución nueva versus Constitución vieja, sino responsabilidad política versus atajo institucional. Una Asamblea Constituyente sin consensos amplios puede abrir un ciclo de incertidumbre jurídica y polarización que complique aún más la gobernabilidad. Cumplir la Constitución existente puede ser menos épico, pero es un desafío más concreto y, sobre todo, más urgente.