Amnistía Internacional vs Milei por el aborto legal: qué pasa con los insumos

A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), organizaciones de derechos humanos volvieron a poner el foco en su implementación. Por ejemplo, Amnistía Internacional alertó sobre “retrocesos alarmantes” en el acceso al aborto legal y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva.

Un derecho conquistado que hoy enfrenta obstáculos

La ley fue aprobada el 30 de diciembre de 2020, luego de años de movilización del movimiento feminista y de mujeres y personas gestantes. Desde entonces, el acceso al aborto seguro permitió reducir de manera significativa la mortalidad materna en el país.

Entre 2021 y 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud. Sin embargo, ese escenario comenzó a deteriorarse, según advierte el último relevamiento de Amnistía Internacional.

Durante este año, el organismo internacional recibió más de 400 denuncias de personas que encontraron trabas para acceder a un derecho garantizado por ley. El número triplica ampliamente los registros del año anterior y se da en un contexto marcado por el avance de discursos regresivos contra los derechos de mujeres y diversidades.

Según el informe, el 60% de los reclamos corresponde a barreras en el acceso a información clara y precisa sobre dónde y cómo realizar una interrupción voluntaria del embarazo.

Falta de insumos y programas desmantelados

Amnistía Internacional detalló que, desde el cambio de gobierno, se interrumpieron las compras de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para garantizar la IVE en el sistema público. A eso se suma el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

En tanto, también denunció una reducción drástica en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo, lo que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

Hospitales sin medicación y sin respuestas

De acuerdo a su relevamiento, numerosos hospitales públicos en distintas provincias no cuentan con los insumos necesarios para garantizar la práctica, a pesar de que la provisión de medicación es una obligación indelegable del Estado.

A ese escenario se suma la falta de información oficial: no hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder consultas y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que los ataques a los derechos sexuales y reproductivos forman parte de un fenómeno global. Según explicó, se trata de una tendencia financiada a nivel internacional que busca debilitar conquistas históricas de mujeres y diversidades.

En ese marco, sostuvo que la situación argentina no es aislada, pero sí especialmente preocupante por el retroceso en políticas públicas que ya habían demostrado resultados positivos.

Un aniversario marcado por la preocupación

A cinco años de la sanción de la IVE, Amnistía Internacional concluyó que el derecho al aborto legal sigue vigente en el papel, pero enfrenta crecientes dificultades en su aplicación efectiva. Así, reclamaron al Estado que garantice el acceso pleno, equitativo y sin obstáculos a un derecho que forma parte del marco legal argentino.