El presidente Gustavo Petro cerró 2025 con una decisión que reconfigura el debate económico y político en Colombia: un aumento histórico del salario mínimo decretado de forma unilateral tras el fracaso de la negociación con empresarios y sindicatos. La medida, presentada por el Gobierno como un gesto de justicia social y recuperación del poder adquisitivo, se adopta en un contexto de desaceleración económica, presión fiscal y fuerte polarización política, lo que amplifica sus riesgos más allá del plano laboral.
El incremento se suma a una secuencia de decisiones que buscan marcar el tramo final del mandato con gestos de alto impacto simbólico hacia el electorado popular. La apuesta no es menor: elevar de forma abrupta el ingreso base de millones de trabajadores formales en un país con alta informalidad y márgenes fiscales limitados implica asumir costos económicos significativos. Para buena parte del sector privado y de los analistas, el Gobierno subestima el impacto negativo potencial sobre el empleo y la inflación.
En la comparación regional, la decisión de Petro aparece como una excepción riesgosa. Mientras la mayoría de los países de América Latina aplicaron en 2025 ajustes graduales del salario mínimo, generalmente alineados con la inflación o con mecanismos institucionales de consenso, Colombia optó por un salto excepcional impuesto por decreto. En economías como Chile, Uruguay o Costa Rica, los aumentos priorizaron la previsibilidad y la sostenibilidad del empleo.
Incluso en países gobernados por fuerzas progresistas, como México o Brasil, la estrategia predominante fue avanzar de manera escalonada y dentro de marcos institucionales estables. En contraste, la vía elegida por el Ejecutivo colombiano rompe con el patrón regional y refuerza una lógica de confrontación con actores económicos y sociales. La diferencia no es solo de magnitud, sino de método y de señal política.
Casi la mitad d los colombianos que hoy tienen trabajo gana menos de un salario mínimo.
— Yasir Anaya (@YasirAnaya1) December 30, 2025
El mínimo no es la regla: es la excepción.
De más de 23 millones de ocupados, solo unos 2,4 millones reciben salario mínimo.
1 de cada 10 trabajadores está realmente cubierto por ese aumento. pic.twitter.com/JBygZe0LhS
Desde una mirada crítica, el aumento difícilmente logre los efectos redistributivos prometidos. Economistas advierten que un alza tan pronunciada puede acelerar la informalidad, erosionar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y trasladarse rápidamente a precios. La situación se agrava con la declaración de emergencia económica, que amplía el margen del Ejecutivo para intervenir sin contrapesos legislativos claros.
El aumento del #salariominimo supera #inflación (5%) y productividad, generando efectos devastadores:
— Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) December 30, 2025
Desproporcionado: cuando sube más rápido que la economía, el ajuste lo pagan precios y empleo, no el Estado.
No solo afecta a quien lo gana: ~40% formales cobran mínimo o… https://t.co/c5DnoJNCnF
En el plano político, la medida consolida un estilo de gobierno personalista que privilegia decisiones unilaterales por sobre la construcción de consensos. Lejos de fortalecer la institucionalidad regional, Colombia queda expuesta como un caso de experimentación económica con resultados inciertos. El desenlace dependerá de variables aún abiertas, pero el riesgo es que el costo de la apuesta termine recayendo sobre el empleo y la estabilidad macroeconómica.