Recorte brutal en Beca 18 en Perú: qué pasó con los 95.000 jóvenes que quedaron fuera

El anuncio del Gobierno peruano de que solo se financiarán cerca de 2.000 becas del programa Beca 18, pese a casi 97.000 postulantes, instaló una fractura visible entre discurso y ejecución. Para miles de jóvenes de alto rendimiento y bajos recursos, el concurso no fue solo una instancia administrativa, sino la posibilidad concreta de ingresar a la universidad y romper trayectorias de exclusión. La distancia entre la expectativa creada y el resultado efectivo convirtió la política de becas en un símbolo de frustración social.

El impacto no se limita al plano individual. El recorte ocurre en un contexto de desaceleración económica y de debilitamiento de la confianza en la capacidad del Estado para sostener políticas de movilidad social. La educación superior aparece así como una variable de ajuste, aun cuando su función histórica ha sido compensar desigualdades estructurales. La reducción presupuestaria revela una prioridad fiscal que choca con la narrativa oficial de igualdad de oportunidades.

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Comparaciones regionales y modelos en disputa

La experiencia peruana contrasta con otros modelos de la región. Países como Argentina y Brasil sostienen sistemas universitarios públicos sin aranceles, lo que amortigua el impacto directo de los ciclos presupuestarios sobre el acceso. En esos casos, el debate gira más en torno a la calidad y el financiamiento global del sistema que a la exclusión inmediata de estudiantes. La gratuidad opera como red de contención social, incluso en escenarios de ajuste.

En cambio, los sistemas mixtos basados en becas focalizadas, como Perú, Chile o Colombia, dependen críticamente de la estabilidad presupuestaria. Cuando el financiamiento se retrae, el efecto es inmediato y selectivo: quedan fuera quienes no pueden pagar alternativas privadas. El caso de Beca 18 muestra cómo un recorte no solo reduce cupos, sino que reconfigura el mapa de oportunidades, profundizando brechas territoriales y socioeconómicas.

Recorte en Beca 18 reduce el acceso universitario y expone tensiones entre ajuste fiscal e inclusión.

Consecuencias políticas y sociales

Más allá del número de becas, el episodio deja una señal política clara. La falta de previsión presupuestaria erosiona la credibilidad de las políticas públicas y alimenta la percepción de que los compromisos estatales son reversibles. Para una generación que apostó por el mérito académico como vía de ascenso, el mensaje es ambiguo: el esfuerzo no garantiza respaldo institucional sostenido.

Solo 2.000 becas para miles de postulantes revelan límites del modelo educativo basado en cupos.

A mediano plazo, el riesgo es doble. Por un lado, se desalienta la inversión educativa de los hogares más vulnerables; por otro, se debilita el capital humano que el propio Estado necesita para crecer. La educación, tratada como gasto prescindible, termina convirtiéndose en un costo estructural. El recorte de Beca 18 no es solo una decisión contable, sino un punto de inflexión sobre el tipo de desarrollo que Perú está dispuesto a priorizar.