La Justicia dio un paso decisivo en una investigación que desde hace años pone bajo la lupa una presunta red de abusos sexuales dentro del Senado de la Provincia de Buenos Aires.
En la noche del lunes 29 de diciembre fueron detenidos y procesados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del cuerpo legislativo y principales imputados del expediente.
La medida fue dispuesta en el marco de la instrucción que encabeza la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, quien consideró que existen elementos suficientes para avanzar penalmente.
Este martes 30, los acusados fueron trasladados a declarar, aunque se negaron a prestar indagatoria, asistidos por su abogado defensor.
La causa está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y sostiene que parte de los hechos denunciados habrían ocurrido dentro del Palacio Legislativo bonaerense, específicamente en la oficina 007, un espacio que depende de la Presidencia del Senado.
La posibilidad de que se hayan utilizado instalaciones estatales para cometer los abusos convirtió al expediente en un escándalo institucional de alto voltaje.
Rodríguez y Silva Muñoz ocupaban cargos estables desde hace años. En el caso de ella, además, integra la Secretaría de Género de UPCN en provincia de Buenos Aires, un dato que genera un fuerte contraste político y simbólico frente a la gravedad de las acusaciones.
Rodríguez, por su parte, fue docente en un colegio secundario vinculado al club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado a una de las víctimas.
La investigación se inició en 2014 con la denuncia de una joven militante y se amplió en 2019 y 2025, acumulando al menos cinco episodios denunciados, aunque no todas las víctimas lograron sostener el proceso judicial. Por razones de protección, sus identidades permanecen bajo estricta reserva.
Según la querella, algunas denunciantes mantenían dependencia laboral con uno de los acusados, lo que habría generado una relación de poder asimétrica.
La hipótesis incluye un mecanismo de captación a través de militancia política, promesas de inserción laboral, contratos con altos ingresos y exigencias de devolución de parte del salario para tareas partidarias.
La causa también menciona la presunta existencia de una organización denominada “La Orden de la Luz”, que se comunicaba mediante correos electrónicos con lenguaje codificado, lo que refuerza la sospecha de una estructura organizada y no de hechos aislados.
Ambos imputados militaron en la agrupación “La Capitana”, espacio en el que participó hasta 2021 Giselle Fernández, hermana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin que se le atribuya responsabilidad penal.
La pertenencia gremial y política de los acusados amplifica el impacto del caso, que vuelve a golpear el corazón institucional de la provincia de Buenos Aires.
ND