Siete policías presos por intentar robar casi nueve kilos de cocaína durante una quema judicial

La Justicia federal de Resistencia formalizó la investigación penal y dictó la prisión preventiva por 100 días para siete efectivos de la Policía del Chaco acusados de intentar sustraer casi nueve kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de destrucción de estupefacientes secuestrados en causas federales.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y dispuesta tras una audiencia de más de seis horas realizada el 21 de diciembre ante la jueza de Garantías Zunilda Niremperger. La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Resistencia, a través del fiscal federal Patricio Sabadini y la fiscal interina Ruth Hilgenberg.

Los imputados son el comisario Rubén Héctor César Alegre; el subcomisario Franco Andrés Ramírez; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos primeros Juan Nicolás Almirón Núñez y Gustavo Andrés Quizama; y el cabo Néstor Ariel Urne Cantero. Todos integraban la Dirección de Consumos Problemáticos de la División Operaciones Metropolitanas de la Policía del Chaco, dependencia que tenía a su cargo el resguardo, la custodia y el traslado del material estupefaciente.

Según la acusación, los siete fueron imputados como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y por su condición de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado.

El hecho investigado ocurrió el 18 de diciembre durante un procedimiento oficial de quema de drogas en el polígono de tiro de la Policía del Chaco, en una zona cercana a Colonia Benítez. La destrucción del material se realizaba en presencia del juez federal Ricardo Mianovich y del secretario judicial Martín Innocente.

Durante el traslado del estupefaciente desde un móvil policial hacia la fosa de incineración, el secretario del juzgado advirtió movimientos irregulares de dos efectivos. En ese contexto, se detectó la sustracción de nueve paquetes de cocaína que habían sido ocultados dentro de la cabina del vehículo, debajo de los asientos delantero y del acompañante, y en la mochila de otro de los policías.

La maniobra fue inmediatamente frustrada y se secuestró el material, además de mochilas preparadas para repartir el botín y otros elementos personales de los integrantes de la patrulla. En una de las mochilas se halló también un ladrillo de aparente yeso que simulaba ser cocaína, utilizado para disimular el reemplazo de la droga original. El total de la sustancia recuperada fue de 9,490 kilogramos, con un valor estimado de 142.350 dólares en el mercado ilegal.

Las primeras medidas estuvieron a cargo del fiscal del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Resistencia, Juan Marcelo Burella Acevedo, y luego la causa pasó al Área de Casos Complejos, que ordenó allanamientos. En uno de ellos, realizado en el domicilio de uno de los imputados, se secuestró una balanza de precisión, elemento que para la fiscalía refuerza la hipótesis de una intención de reintroducir la droga en el circuito ilegal.

Durante la audiencia, los fiscales destacaron la gravedad de los delitos imputados, cuya escala penal —de entre 6 y 20 años de prisión para la tenencia agravada y de 2 a 10 años para el peculado— impide una eventual condena de ejecución condicional y agrava el riesgo de fuga. También subrayaron la “inusitada gravedad institucional” del caso, al tratarse de funcionarios cuya función específica era la prevención del narcotráfico y la custodia de estupefacientes.

Los representantes del MPF señalaron que los imputados actuaron de manera coordinada, aprovecharon su conocimiento del procedimiento de quema y utilizaron su posición funcional para intentar sustraer la droga incluso en presencia de autoridades judiciales. Además, remarcaron el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado el acceso real o potencial de los acusados a información sensible, bases de datos y canales informales de comunicación dentro de la estructura policial.

Si bien se reconoció que los imputados tienen arraigo, empleo formal y carecen de antecedentes penales, la jueza coincidió con la fiscalía en que esos elementos no alcanzan para neutralizar la peligrosidad procesal. Por ese motivo, dictó la prisión preventiva de los siete policías hasta el 31 de marzo de 2026 y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.