La causa Cuadernos cerró su actividad de 2025 con una audiencia atravesada por discusiones procesales y definiciones clave sobre el cronograma del próximo año. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que el juicio continuará en febrero de 2026, cuando se abordarán los planteos preliminares de las defensas, una etapa decisiva antes del inicio pleno del debate oral.
Antes del inicio de la lectura del requerimiento fiscal, las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y del exministro de Planificación Federal Julio De Vido solicitaron un mayor plazo para exponer sus planteos preliminares.
El pedido surgió luego de que el tribunal notificara el cronograma previsto para febrero, que fija un límite de 45 minutos para cada defensa. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron el planteo y ratificaron el esquema, con el objetivo de ordenar el debate y avanzar en una instancia destinada a definir nulidades, objeciones probatorias y otras cuestiones previas.
Durante la audiencia se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente al tramo denominado “Corredores Viales”. La acusación alcanza a diez personas y no incluye a la expresidenta.
El fiscal Carlos Stornelli sostuvo que los hechos investigados se inscriben en una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, mediante un sistema organizado de recaudación de sobornos vinculados a concesiones viales.
Según la imputación fiscal, la estructura tenía como finalidad el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la utilización de parte de esos fondos para otros delitos. En ese marco, se detalló el rol atribuido a De Vido, a quien se le imputan varios hechos de cohecho pasivo como coautor, relacionados con los corredores viales 1, 2, 3 y 4.
La acusación también señaló a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, como el funcionario encargado de exigir y recibir los pagos ilegales, con al menos seis hechos de cohecho pasivo imputados.
A lo largo de más de cuatro horas de audiencia, la fiscalía describió una mecánica reiterada de pagos en efectivo realizados por empresas concesionarias para mantener contratos, evitar sanciones y asegurar el flujo de fondos provenientes de fideicomisos estatales.
La acusación incluyó a empresarios y directivos de distintas firmas concesionarias, a quienes se atribuyó la realización periódica de pagos bajo presión, con montos variables según el corredor y la etapa de la concesión.
Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición de la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante. El organismo sostuvo que quedó acreditada la existencia de una organización criminal que operó desde altas esferas del Poder Ejecutivo y del ex Ministerio de Planificación Federal.
Según la UIF, el esquema se sostuvo durante años por la participación coordinada de funcionarios públicos y empresarios, y se apoyó en distintos sistemas de recaudación paralelos vinculados a la obra pública, las concesiones viales, la energía y el transporte.
Durante la audiencia también se leyeron los descargos de los imputados. De Vido negó los hechos y rechazó haber integrado una asociación ilícita, mientras que otros acusados ratificaron declaraciones previas realizadas como imputados colaboradores. Varios empresarios, en tanto, sostuvieron que actuaron bajo amenazas y extorsiones por parte de funcionarios.
Finalmente, sin pronunciarse sobre la habilitación de la feria, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, dando por concluida la actividad del debate por este año. Para la reanudación del proceso está previsto el tratamiento de las cuestiones preliminares, bajo el esquema de tiempos ya fijado por el TOF 7.