La historia del falso abogado de Sunchales se descubrió casi de casualidad. El punto de inflexión fue una situación tan simple como inquietante: alguien estaba firmando escritos judiciales con el nombre de Juan Manuel Chiapero sin que él hubiera intervenido en el caso.
Todo comenzó en un expediente de derecho de familia vinculado al cuidado personal. Chiapero había enviado una carta documento y, al recibir la respuesta, advirtió que la contraparte decía estar patrocinada por un abogado que no conocía. En una ciudad chica como Sunchales, el dato no pasó inadvertido, aunque en un primer momento pensó que podía tratarse de un profesional nuevo.
La señal de alarma definitiva llegó días después, cuando otro abogado se presentó en su estudio con un escrito en la mano y una pregunta directa: “¿Vos firmaste esto?”. El documento llevaba su nombre y un código QR. Ese detalle fue clave. El sistema judicial santafesino no utiliza ese mecanismo para la presentación de escritos: los trámites se realizan con firma digital. En ese instante, Chiapero entendió que alguien estaba usando su identidad profesional.
La gravedad aumentó cuando apareció un segundo documento falso, también atribuido a él, acompañado esta vez por un supuesto decreto firmado por una jueza de Familia de Rafaela, con logos oficiales y nuevamente con un QR. “Ahí la situación ya era gravísima”, relató luego en el programa De 10 por LT10. No se trataba de un error aislado, sino de una maniobra sistemática.
Chiapero presentó de inmediato la documentación ante el juzgado de Familia, que dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. A partir de ese momento, la investigación comenzó a avanzar y, en paralelo, empezaron a aparecer las víctimas. Personas que habían confiado sus conflictos familiares a quien se presentaba como abogado y que recibían, como respaldo, papeles, escritos y promesas de expedientes en marcha.
Una de ellas relató que el supuesto profesional la tranquilizaba con una frase recurrente: “Ya está todo hecho”. Cuando decidió ir por su cuenta al juzgado de Rafaela, descubrió que el expediente no existía.
Con el correr de los días, las sospechas se confirmaron. La jueza interviniente informó que el imputado no tenía matrícula en Rafaela, Santa Fe ni Rosario. Tampoco existían los trabajos que decía haber realizado en estudios jurídicos o empresas. La investigación reveló que Juan Andrés Zurvera había aprobado solo 13 materias de la carrera de Derecho, nunca se recibió y aun así sostuvo durante años una fachada profesional.
Aunque Chiapero no fue víctima económica directa, sí resultó afectado por la usurpación de su identidad y la falsificación de su firma. “Yo no fui víctima pecuniaria, pero sí por la usurpación de mi firma”, aclaró. Según la causa, en las cuentas del imputado se detectaron movimientos por alrededor de 50 millones de pesos, producto de los cobros a clientes engañados.
Las maniobras incluyeron falsos trámites por tenencia de menores, cuotas alimentarias y asignaciones que jamás ingresaron al sistema judicial. “No hay nada iniciado. Era todo mentira. El ardid era sacarle dinero a la gente”, explicó el abogado.
Con el avance de la investigación, el Ministerio Público de la Acusación determinó que Zurvera defraudó a sus clientes por más de 54 millones de pesos. Durante los allanamientos, se hallaron sellos apócrifos con matrícula falsa ocultos en un ladrillo, documentación con firmas digitales falsas de jueces y diversos dispositivos electrónicos.
El fiscal Guillermo Loyola imputó al acusado por estafas reiteradas, falsificación de documentos y usurpación de título, y el juez Javier Bottero ordenó la prisión preventiva sin plazo. Entre las víctimas hubo incluso familiares cercanos.
Para Chiapero, sin embargo, el daño más profundo no se mide en cifras. “Hay gente que no quiere hablar. Más allá del daño económico, están muy dolidos, porque confiaron”, resumió. Y fue justamente esa confianza quebrada la que empezó a resquebrajar la farsa cuando una firma falsa cayó en las manos equivocadas.
