Javier Alonso avaló el fallo contra el protocolo antipiquetes y habló de dictadura

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, expresó su apoyo a la decisión judicial que suspendió la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que considerar la protesta social como un delito implica “retroceder antes de la Revolución Francesa”.

“El Gobierno nacional tendrá que revisar cómo instalar una regulación que reconozca el derecho de los manifestantes y de los ciudadanos a protestar, porque si no retrocedemos antes de la Revolución Francesa”, sostuvo el funcionario bonaerense en declaraciones públicas.

El protocolo, en suspenso y con apelación

Alonso se refirió al fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, que esta semana ordenó la suspensión del protocolo establecido durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

Sin embargo, el magistrado concedió posteriormente la apelación presentada por el Gobierno nacional, por lo que la decisión aún no se encuentra firme, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

Protesta sí, cortes permanentes no

En diálogo con el programa RPM, por Splendid AM 990, el ministro aseguró que durante los últimos seis años de gestión en la provincia se trabajó “denodadamente” para evitar que se afecte el derecho a la circulación, al tiempo que defendió la protesta como una libertad fundamental.

“No se puede cercenar el derecho a protestar, pero las calles tienen que estar liberadas y eso no se discute. En la provincia nunca se discutió eso”, enfatizó Alonso, quien remarcó la necesidad de compatibilizar ambos derechos.

Críticas a Bullrich y advertencia institucional

El funcionario recordó además que durante la pandemia de Covid-19 la entonces ministra Patricia Bullrich participó de protestas que incluyeron cortes de tránsito en la avenida 9 de Julio, pese a las restricciones sanitarias vigentes.

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Finalmente, Alonso advirtió que no se pueden permitir campamentos que bloqueen calles durante jornadas extensas y generen caos para miles de personas, pero sostuvo que existen “otras formas de resolverlo y de regular la actuación de la policía” sin vulnerar el derecho constitucional a la protesta.