En menos de dos días desde su arresto, dos ciudadanos paraguayos fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión por contrabando de estupefacientes, luego de ser sorprendidos con más de dos kilos de cocaína ocultos en una embarcación que navegaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino por el río Paraná.
La sentencia fue el resultado de un acuerdo pleno impulsado por la Unidad Fiscal Resistencia, alcanzado durante una audiencia de control de detención y formalización de la investigación. El procedimiento se enmarca en las herramientas previstas por el Código Procesal Penal Federal, vigente en ese distrito desde el 1° de diciembre pasado.
El acuerdo fue promovido por el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Federico Carniel y María Susana Liwsky, junto a los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Fernanda Cerrudo. La jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger homologó el entendimiento, dictó sentencia y fijó la pena para los imputados, identificados por sus iniciales B.C.A., de 28 años, e I.M.V., de 29.
El caso se originó el 24 de diciembre, cuando personal de la Delegación Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina realizaba un patrullaje de control jurisdiccional en el río Paraná, en cercanías de la confluencia con el río Paraguay. En ese contexto, los efectivos detectaron una embarcación a motor que se desplazaba desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del camping municipal de Isla del Cerrito, por un paso no habilitado.
Ante esa irregularidad, la lancha fue interceptada e inspeccionada. Durante el procedimiento, los prefectos encontraron dos paquetes envueltos en papel metalizado que, tras una prueba de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 2,056 kilogramos y ambos tripulantes quedaron detenidos.
El viernes posterior se celebró la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Procesal Penal Federal, en la que el MPF expuso el hecho, el contexto de la detención, las pruebas reunidas y la calificación legal, encuadrada como contrabando agravado de estupefacientes. Durante esa instancia, y con la intervención del defensor público oficial Juan Manuel Costilla, se iniciaron conversaciones que derivaron en la firma de un acuerdo pleno conforme al artículo 323 del CPPF.
En ese marco, los imputados reconocieron de manera expresa los hechos, su participación, la prueba reunida en su contra y la calificación jurídica, además de aceptar la pena propuesta por la fiscalía. El acuerdo fue considerado legal y razonable por la jueza Niremperger, quien lo homologó y ordenó su cumplimiento efectivo.
Además de la condena, la resolución dispuso el decomiso de la embarcación utilizada para el contrabando, la destrucción del material estupefaciente secuestrado y el alojamiento de los condenados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la provincia de Formosa, medida que permitirá un contacto más cercano con sus familias, tal como fue solicitado por la defensa y acordado entre las partes.
