01/01/2026 - Edición Nº1059

Política

REFORMA DE INTELIGENCIA

La SIDE podrá detener personas: fuerte advertencia de Taiana y Paulón

01/01/2026 | Javier Milei reformuló el sistema de espionaje por decreto. Legisladores alertan sobre el riesgo de un Estado policial.



La firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -una norma dictada por el Presidente con fuerza de ley sin paso previo por el Congreso- redefine las capacidades operativas de los servicios secretos. La normativa habilita al personal de inteligencia a realizar la aprehensión de personas ante situaciones de flagrancia, es decir, cuando un delito se comete en el momento, o bajo requerimiento judicial. La medida, oficializada este 1 de enero, desató una crisis institucional inmediata por la transferencia de funciones tradicionalmente policiales a agentes encubiertos.

La génesis de la reforma: centralización y el rol de Santiago Caputo

El documento, refrendado el último día de 2025 por el presidente Javier Milei y su gabinete, establece que la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) funcionará como el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Bajo este nuevo esquema, la estructura se divide en agencias especializadas: la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ex Seguridad Nacional), la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General. Esta reorganización es vista como un respaldo a Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el área, aunque la ciberseguridad -la protección de activos digitales estratégicos- quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, área de influencia directa de Karina Milei.

Hacia un sistema de inteligencia con facultades policiales

El impacto de la medida ha generado una "fuerte advertencia" de referentes opositores, quienes cuestionan la legitimidad de modificar una ley sensible mediante un decreto.

El diputado Jorge Taiana denunció que la reforma busca dar marco legal a un "Estado policial" destinado a la persecución de opositores, alertando sobre la subordinación de la inteligencia militar al área de seguridad. Por su parte, Esteban Paulón subrayó que la normativa generaliza un estado de sospecha y pone en riesgo la autonomía de la inteligencia nacional.

Mientras el Gobierno argumenta que la reforma moderniza el sistema frente a amenazas contemporáneas, la Comisión Bicameral del Congreso deberá ahora auditar el alcance de estas nuevas atribuciones operativas.

TM