La firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -una norma dictada por el Presidente con fuerza de ley sin paso previo por el Congreso- redefine las capacidades operativas de los servicios secretos. La normativa habilita al personal de inteligencia a realizar la aprehensión de personas ante situaciones de flagrancia, es decir, cuando un delito se comete en el momento, o bajo requerimiento judicial. La medida, oficializada este 1 de enero, desató una crisis institucional inmediata por la transferencia de funciones tradicionalmente policiales a agentes encubiertos.
En relación al DNU del 31/12/2025 que amplía y reordena las áreas de inteligencia, Mi impresión es que:
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) January 1, 2026
1) básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer.
2) la consecuencia será un Estado…
El documento, refrendado el último día de 2025 por el presidente Javier Milei y su gabinete, establece que la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) funcionará como el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Bajo este nuevo esquema, la estructura se divide en agencias especializadas: la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ex Seguridad Nacional), la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General. Esta reorganización es vista como un respaldo a Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el área, aunque la ciberseguridad -la protección de activos digitales estratégicos- quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, área de influencia directa de Karina Milei.
CINCO IDEAS ACERCA DEL DNU 941/25, UN DURO GOLPE PARA NUESTRA DEMOCRACIA
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 1, 2026
🚨En medio del receso parlamentario el Gobierno de @JMilei acaba de modificar 40 artículos de la ley de Inteligencia Nacional (25529).
Qué implica? Abro 🧵👇
El impacto de la medida ha generado una "fuerte advertencia" de referentes opositores, quienes cuestionan la legitimidad de modificar una ley sensible mediante un decreto.
El diputado Jorge Taiana denunció que la reforma busca dar marco legal a un "Estado policial" destinado a la persecución de opositores, alertando sobre la subordinación de la inteligencia militar al área de seguridad. Por su parte, Esteban Paulón subrayó que la normativa generaliza un estado de sospecha y pone en riesgo la autonomía de la inteligencia nacional.
Mientras el Gobierno argumenta que la reforma moderniza el sistema frente a amenazas contemporáneas, la Comisión Bicameral del Congreso deberá ahora auditar el alcance de estas nuevas atribuciones operativas.
TM