Llaryora activó el 2027 en Córdoba: rompe con Schiaretti y potencia su gabinete

A dos meses de la derrota legislativa de octubre, el gobernador Martín Llaryora decidió acelerar el fin de la transición en Córdoba. A través de una profunda reforma de su gabinete y movimientos estratégicos en el Poder Judicial, el mandatario comenzó a tomar distancia pública de su antecesor, Juan Schiaretti, bajo la premisa de que "hay una generación que se retira y otra que ingresa".

El gabinete "en modo campaña"

La reformulación del equipo de gobierno no busca solo eficiencia administrativa, sino volumen político para lo que en el Centro Cívico definen como una gestión "poco difundida". Llaryora les pidió a sus ministros salir a la calle a defender la reforma previsional y la rebaja de impuestos inmobiliarios que impactará en los próximos días. "Es momento de salir a militar estos dos proyectos que significarán un gran alivio para gran parte de los cordobeses", ordenó el mandatario.

Para esta tarea, encumbró a dirigentes de su confianza personal, desplazando el esquema de coalición con el PRO y la UCR que caracterizó el inicio de su gestión. Los cambios clave incluyen:

• Miguel Siciliano: Asumió el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional para ser la voz política del Gobierno.
• Marcelo Rodio: Pasó de Transporte a la Agencia Córdoba Cultura para levantar el perfil de la gestión en los festivales.
• Victoria Flores y Liliana Montero: Fueron reubicadas en secretarías con rango ministerial dentro de Educación y Salud para "oxigenar" la comunicación.

La ofensiva sobre el Poder Judicial

La jugada más sensible de Llaryora se dio en el ámbito judicial, donde comenzó a reemplazar nombres vinculados al schiarettismo por hombres de su riñón. La creación de la Procuración Penitenciaria Provincial le permitió liberar una fiscalía adjunta -antes avalada por la senadora Alejandra Vigo- para nombrar a Néstor Gómez, su asesor letrado desde 2008.

Esta maniobra generó fuertes críticas de la oposición. La radical Brenda Austin denunció que "Llaryora va por el control del Poder Judicial. Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia". En paralelo, la designación de Nadia Fernández en el Ministerio de Justicia sumó tensión, debido a su reciente vinculación con el caso de una "empleada fantasma" en la Legislatura.

El objetivo 2027: Capital y Sucesión

La gestión provincial pone el foco en Córdoba Capital, donde la administración del intendente Daniel Passerini -quien no tiene reelección- es vista como el termómetro de la suerte del gobernador. En el entorno llaryorista son tajantes respecto a la sucesión municipal: "Llaryora no va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene".

Sin embargo, el gobernador también encontró límites. El freno al nuevo Código de Convivencia, que buscaba sancionar a naranjitas y limpiavidrios, fue una concesión obligada ante la férrea oposición de la Iglesia católica y el arzobispo Ángel Rossi. A pesar de la presión del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el Ejecutivo prefirió evitar un conflicto de magnitud con el clero antes del receso estival.

Autonomía financiera y horizonte electoral

A diferencia de otros gobernadores, Llaryora llega al nuevo año con una "prudente distancia" del presidente Javier Milei. Aunque mantiene un nexo operativo con el ministro Luis Caputo para acceder al mercado internacional y negociar fondos para la Caja de Jubilaciones, el cordobés ha comenzado a culpar públicamente a "todos los partidos" por la crisis previsional, una forma de incluir a la administración schiarettista en el problema.

Esta reorganización se enmarca en la convicción de que su reelección se juega durante 2026. El gobernador utilizará este periodo para terminar de consolidar su propio esquema de poder, alejándose definitivamente de los 24 años de hegemonía del cordobesismo tradicional.

TM