Reforma laboral: los siete puntos que la CGT no piensa ceder ante el Gobierno

La conducción de la CGT inicia el 2026 en un escenario de "alto riesgo" ante el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Con el debate legislativo programado para el próximo 10 de febrero, la central obrera busca reabrir negociaciones para evitar un desfinanciamiento del sistema sindical y una pérdida de injerencia en las negociaciones colectivas.

Financiamiento y cuotas sindicales

Los primeros dos puntos de conflicto se centran en el sostenimiento económico de los gremios. La CGT exige restaurar la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación y de las llamadas "cuotas solidarias". El proyecto oficial no solo quita esta obligatoriedad, sino que impone un tope del 20% a las retenciones salariales y exige el consentimiento explícito del trabajador, lo que la central busca revertir para preservar su capacidad de recaudación.

Derecho de huelga y el factor Sturzenegger

El tercer punto urticante es la reglamentación del derecho de huelga. La central obrera rechaza los porcentajes de servicios mínimos (75% y 50%) que el ala dura del Gobierno, encabezada por Federico Sturzenegger, defiende férreamente. La dirigencia cegetista confía en que este artículo sea impugnado por la Justicia, dado que existen antecedentes de fallos que frenaron normas similares en el pasado reciente.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

La creación del Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos sin causa constituye el cuarto eje de la disputa. La CGT advierte que este esquema, que reduce contribuciones patronales a cambio de un aporte del 3% de la masa salarial, generará una pérdida anual de 3.000 millones de dólares al sistema jubilatorio. Ante el posible rechazo legislativo, el Ministerio de Economía ha comenzado a revisar este artículo para evitar un fracaso en el Congreso.

Poder territorial y negociación colectiva

Los puntos quinto y sexto apuntan al control dentro de las empresas:

• Delegados sindicales: La central rechaza el límite de 10 horas mensuales con goce de sueldo para tareas gremiales y la obligación de pedir autorización previa al empleador para realizar asambleas.
• Prevalencia de convenios: La CGT busca atenuar la prioridad que el proyecto otorga a los convenios por empresa sobre los de actividad, una medida que consideran un ataque al tradicional unicato sindical.

El desfinanciamiento de las obras sociales

El séptimo y último punto es el artículo 161, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la dirigencia, esto representa una pérdida de hasta 700 millones de dólares anuales (0,1% del PBI), lo que denuncian como una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital que deteriorará la calidad de la salud de los afiliados.

Este pliego de condiciones marcará la agenda de contactos que la cúpula de la calle Azopardo retomará a mediados de enero con gobernadores y bloques legislativos. La central obrera apuesta a repetir la estrategia de presión utilizada durante el debate del Presupuesto para forzar modificaciones de último momento antes de que la reforma llegue al recinto.

TM