Rechazo opositor al DNU que reforma la SIDE: denuncian espionaje interno y “policía política”

El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) provocó un inmediato y contundente rechazo de la oposición en el Congreso, que denunció un avance sobre las libertades civiles y la creación de una “policía política”.

Los cuestionamientos apuntan al DNU 941/2025, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), le permite aprehender personas en casos de flagrancia y clasifica la totalidad de sus actividades como “encubiertas”, una combinación que, según distintos bloques opositores, abre la puerta al espionaje interno y a prácticas propias de un “Estado policial”.

Duras críticas del kirchnerismo

Desde Unión por la Patria, el diputado Leopoldo Moreau afirmó que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y sostuvo que el decreto crea de hecho una “policía secreta” con amplias atribuciones y escaso control institucional.

En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana advirtió que la disolución de los mecanismos de control civil sobre la inteligencia militar busca reconfigurar el rol de las Fuerzas Armadas, transformándolas en una especie de “Guardia Nacional” con tareas de seguridad interior, en contraposición a lo establecido por la legislación vigente.

Alerta por espionaje político y persecución

Desde otros espacios de la oposición, como el socialismo y la Coalición Cívica, también se sumaron críticas al decreto, al señalar que la definición ambigua de las “amenazas a la seguridad nacional” podría ser utilizada para justificar el espionaje político y la persecución de opositores, periodistas y organizaciones sociales.

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) reclamaron el tratamiento inmediato del DNU en ambas cámaras del Congreso y exigieron su rechazo, al sostener que una reforma de semejante sensibilidad estratégica no puede imponerse por decreto y sin debate parlamentario.

El Congreso, próximo escenario del conflicto

La controversia se trasladará ahora al ámbito legislativo. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el alcance real de los cambios introducidos por el decreto.

Mientras tanto, el PRO mantiene un prudente silencio público sobre la reforma, aunque referentes del espacio que integran la comisión fiscalizadora ya comenzaron a coordinar acciones para auditar la implementación y los límites de las nuevas facultades otorgadas a la SIDE.

ND