SIDE recargada: más poder por decreto

El Gobierno cerró el año firmando, entre gallos y medianoche, un DNU que todavía no se publicó pero ya está escrito y sellado: en los próximos días se conocerá la reforma de la Ley de Inteligencia que concentra aún más poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según adelantaron Casa Rosada y los borradores que circulan en los medios, el decreto reorganiza toda la estructura del sistema, coloca a la SIDE como conducción directa del conjunto y le abre un menú de nuevas facultades operativas y presupuestarias.

El texto, firmado el 31 de diciembre por Milei y todo el gabinete, refuerza a la SIDE como vértice del Sistema de Inteligencia Nacional: podrá requerir información a cualquier organismo del Estado, coordinar presupuestos –incluidos los gastos reservados– y ordenar el trabajo de las otras agencias. Algunas cambian de nombre y funciones: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad se reconvierte en Agencia Federal de Ciberinteligencia y la vieja División de Asuntos Internos se transforma en una Inspectoría General de Inteligencia con rango de auditoría interna.

Uno de los puntos más sensibles es el salto operativo. El DNU habilita a los organismos de inteligencia a actuar como auxiliares de la Justicia y a “aprehender” personas por orden judicial o en casos de flagrancia, con obligación de ponerlas inmediatamente a disposición de las fuerzas de seguridad. También formaliza la posibilidad de pedir apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías para ciertas tareas, bajo el argumento de “optimizar recursos” frente a nuevas amenazas, en especial en el terreno digital y de la ciberdefensa.

El Gobierno vende la movida como una modernización que “ordena, integra y legitima” el sistema, lo adapta a amenazas tecnológicas y somete a la SIDE a mayores controles legales y administrativos. La oposición, en cambio, ya anticipó un rechazo amplio en el Congreso y en la Bicameral de Trámite Legislativo: advierte que, sin debate parlamentario, el DNU configura una “policía secreta” con capacidad de detener personas, manejar fondos reservados y articularse con fuerzas armadas y de seguridad en un país con un historial pesado de espionaje interno y vigilancia sobre opositores, periodistas y organizaciones sociales.

Cuando el decreto finalmente aparezca en el Boletín Oficial empezará otra pelea: la institucional. La Bicameral deberá tratarlo, los bloques tendrán que decidir si lo sostienen o lo rechazan y los jueces empezarán a recibir presentaciones contra los puntos más controvertidos. Más allá del resultado, el mensaje político ya está sobre la mesa: Milei eligió abrir 2026 reforzando el dispositivo más opaco del Estado, en un momento en que el Congreso y la calle buscan recordarle que el resto de su agenda ya no se mueve sin negociación.