Colegios privados: Milei extendió un histórico beneficio que impacta en las cuotas

El Gobierno nacional publicó este viernes el Decreto 939/2025, mediante el cual prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen diferencial de contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.

La medida apunta a evitar un incremento abrupto de los costos laborales, que podría trasladarse a las cuotas que pagan las familias o afectar la prestación del servicio educativo.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Manuel Adorni, Diego Santilli y Luis Caputo, y entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.

Qué se prorroga y a quiénes alcanza la medida

La norma extiende lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 27.541, que excluye a los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial -regidos por las leyes 13.047 y 24.049- del régimen general de contribuciones patronales previsto para el resto de los empleadores privados.

De esta manera, las escuelas privadas continuarán aplicando en 2026 las alícuotas reducidas que venían abonando, evitando así quedar alcanzadas por el esquema general que implicaría un salto significativo en el costo laboral.

El impacto que se buscó evitar: suba de aportes y presión sobre las cuotas

En los considerandos, el Gobierno advierte que el principal costo operativo de los establecimientos educativos privados es el salarial, dentro del cual las contribuciones patronales tienen un peso determinante.

La aplicación plena del régimen general a partir de 2026 habría provocado un incremento “desmesurado” de las contribuciones patronales, especialmente en las provincias del interior, donde los beneficios vigentes difieren respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según el Ejecutivo, ese aumento habría tenido dos efectos directos:

• Mayor presión sobre los presupuestos provinciales, que financian los aportes estatales a muchas escuelas privadas.
• Incrementos significativos en los aranceles para las familias, en el caso de instituciones sin aporte estatal o con financiamiento parcial.

Efecto sobre las provincias y el aporte estatal

El decreto también pone el foco en el impacto fiscal indirecto sobre las provincias, que desde la transferencia de los servicios educativos establecida por la Ley 24.049 son las encargadas de financiar el aporte estatal a las escuelas privadas.

Ese aporte no solo cubre parte de los salarios docentes, sino también las contribuciones patronales asociadas, por lo que un aumento de alícuotas habría implicado un mayor esfuerzo presupuestario para los gobiernos provinciales, en un contexto de restricciones fiscales.

Riesgo para la continuidad del servicio educativo

El Gobierno sostiene que, de no prorrogarse el beneficio, la suba de contribuciones afectaría directamente la prestación del servicio educativo, con mayor impacto en:

• Instituciones de bajos recursos
• Regiones más postergadas del país
• Escuelas que atienden a poblaciones socialmente vulnerables

En ese sentido, el decreto justifica la medida como una herramienta para preservar la continuidad y sostenibilidad del sistema educativo privado, que cumple un rol complementario dentro del sistema educativo nacional.

La prórroga dispuesta ahora se inscribe en una serie de extensiones sucesivas que se vienen aplicando desde 2020. El beneficio ya había sido renovado mediante los decretos 1042/2020, 12/2022, 69/2023, 134/2024 y 68/2025.