La decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió un nuevo frente de confrontación política. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz usó su perfil de X para cuestionar la medida y acusó al Ejecutivo de avanzar con un ajuste que “golpea directamente a las personas con discapacidad”, al tiempo que sostuvo que el cierre responde a que el organismo “ya no es un negocio”.
“La disolución de la ANDIS es otro ejemplo de la crueldad que maneja Milei y compañía”, lanzó la exministra de Desarrollo Social, quien vinculó la decisión con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y con recortes previos en el área. Según explicó, tras la reversión del veto en el Congreso, el Gobierno intentó avanzar primero por decreto y luego volvió a derogar la norma “escondida en el artículo 75 del Presupuesto Nacional”, una maniobra que finalmente fue frenada por la mayoría legislativa.
LO QUE YA NO ES UN NEGOCIO, LO CIERRAN
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 30, 2025
La disolución de la ANDIS es otro ejemplo de la crueldad que maneja Milei y compañía. Ajustaron en Discapacidad y vetaron la Ley de Emergencia en Discapacidad y todo eso en medio del escándalo que involucra a la agencia -que aún sigue bajo…
Tolosa Paz también remarcó que el cierre del organismo se produjo en medio de un escándalo que aún se encuentra bajo investigación, con denuncias por presuntos sobreprecios y coimas que derivaron en una pesquisa que involucra al titular de la agencia, Diego Spagnuolo, y a funcionarios del entorno presidencial, incluida Karina Milei. En ese contexto, cuestionó que la respuesta oficial haya sido directamente eliminar la ANDIS en lugar de avanzar en una reforma o en mecanismos de mayor transparencia.
El cruce político dejó además una contradicción difícil de soslayar. La misma Tolosa Paz que hoy denuncia una lógica de negocios en el Estado, tiempo atrás fue señalada judicialmente por presunta malversación de fondos públicos durante su gestión ministerial, a raíz de una denuncia por guardapolvos que nunca llegaron a destino en el gobierno de Alberto Fernández, un antecedente que volvió a circular con fuerza en redes y en el debate público.
Más allá de las acusaciones cruzadas, la disolución de la ANDIS fue formalizada el 30 de diciembre, y desde el Gobierno aseguran que la medida apunta a reconfigurar el esquema institucional del área de discapacidad. Sin embargo, mientras continúan las investigaciones judiciales sobre el funcionamiento de la agencia, el Congreso mantiene activo el control sobre las decisiones del Ejecutivo, en un escenario que promete nuevos capítulos de tensión política.
GZ