El Gobierno nacional oficializó este viernes el Decreto 934/2025, mediante el cual prorrogó y redefinió para todo el año 2026 el esquema de restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional, en línea con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y continuar con el proceso de transformación del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
La norma reemplaza y deroga el Decreto 1148/2024, que rigió durante 2025, y establece un marco más detallado sobre qué organismos quedan incluidos, qué modalidades de contratación se prohíben y qué áreas y funciones quedan exceptuadas.
El decreto alcanza a todas las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156, es decir:
En estos ámbitos, queda prohibida cualquier tipo de designación o contratación de personal, independientemente de la modalidad jurídica o laboral.
El artículo 1° del decreto detalla de manera exhaustiva las formas de vinculación laboral que no podrán utilizarse durante 2026, entre ellas:
El alcance amplio del listado busca cerrar cualquier vía alternativa de incorporación de personal fuera de las excepciones previstas.
El decreto establece un conjunto significativo de exclusiones, que permiten continuar con designaciones y contrataciones en sectores considerados estratégicos o sensibles. Entre ellos se destacan:
Estas áreas quedan al margen de la prohibición general por razones operativas, sanitarias, de seguridad y de interés público.
También quedan habilitadas:
Para las dependencias que no estén comprendidas en las excepciones, el decreto establece una regla estricta de "2x1": solo se podrá autorizar una nueva alta si se informan previamente dos bajas de personal producidas durante 2026, ya sea por renuncia, jubilación, desvinculación o finalización de contratos.
No se computarán, en cambio, las bajas originadas en retiros voluntarios o acuerdos entre partes. Cada pedido deberá ser validado por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Aunque no quedan directamente alcanzadas por la prohibición general, el decreto instruye a los representantes del Estado en: