Rodrigo Paz mueve fichas desde el exterior y deja al vicepresidente en un papel incómodo

La promulgación del Decreto Supremo 5515 reabrió un debate sensible en Bolivia: hasta dónde puede estirarse la figura presidencial sin alterar el equilibrio institucional. La norma autoriza al jefe de Estado a ejercer el mando desde el exterior mediante medios tecnológicos, sin delegar funciones en el vicepresidente durante ausencias temporales. El gesto, aprobado a fines de 2025, llega en un contexto político ya cargado y convierte una herramienta administrativa en un asunto de primer orden constitucional.

El impacto del decreto no se limita a su letra. En la práctica, redefine la relación entre presidente y vicepresidente, vaciando de contenido una previsión clave de la Constitución boliviana: la sucesión temporal como mecanismo de continuidad y control. La medida se adopta, además, en medio de una ruptura pública dentro del Ejecutivo, lo que alimenta la lectura de que el instrumento legal busca resolver un conflicto político interno más que modernizar la gestión del Estado.

Bolivia 

Gobierno remoto y poder concentrado

El argumento oficial se apoya en la “continuidad del gobierno” y en la posibilidad tecnológica de tomar decisiones a distancia. Sin embargo, el decreto introduce una novedad sin doctrina consolidada: el gobierno remoto como sustituto de la delegación formal. Al hacerlo, reduce el rol del vicepresidente a una función residual, condicionada a autorizaciones expresas del presidente incluso cuando este se encuentra fuera del país.

Este tipo de soluciones tiene antecedentes regionales. En Perú, entre 2016 y 2022, distintos gobiernos utilizaron interpretaciones legales y decretos para neutralizar contrapesos internos sin violar abiertamente la Constitución. El resultado fue una erosión gradual del sistema político. Bolivia presenta una diferencia clave: su Constitución es más explícita sobre la sucesión, lo que eleva el riesgo de judicialización y de un choque institucional más rápido y visible.

Un decreto habilita al presidente Rodrigo Paz gobernar el país desde el exterior usando medios tecnológicos
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Más que ver 

En el plano social, el decreto refuerza una percepción peligrosa: la política como disputa de poder desconectada de las urgencias cotidianas. En un país tensionado por ajustes económicos y protestas recientes, la decisión no aparece asociada a mejoras concretas en la vida pública, sino a una pelea en la cúpula del Estado. Esa distancia entre agenda institucional y agenda social suele traducirse en apatía o radicalización.

El decreto 5515 permite gobernar desde el exterior y debilita la sucesión constitucional prevista en Bolivia.

A nivel regional, el mensaje también importa. En una América Latina marcada por el hiperpresidencialismo, bajar el umbral de lo aceptable en la reinterpretación de las reglas sienta precedentes. El decreto 5515 abre tres escenarios: su normalización silenciosa, un choque institucional que obligue a definir límites, o una escalada política que paralice al Ejecutivo. El riesgo central no es tecnológico, sino político: cuando las normas se adaptan a conflictos personales, el sistema entero se vuelve más frágil.