Crimen de Ronald Ojeda en Chile: la acusación que complica al régimen de Nicolás Maduro

El asesinato de Ronald Ojeda en Chile dejó de ser un caso policial más para convertirse en un expediente incómodo para el Estado. El secuestro, la ejecución y el ocultamiento del cuerpo del exmilitar venezolano opositor al chavismo activaron alarmas que van más allá de la violencia criminal común. La Fiscalía chilena sostiene que detrás del crimen operó una célula del Tren de Aragua, una organización transnacional que ya había sido asociada a delitos graves, pero no a un homicidio con posible motivación política.

La formalización de la acusación contra más de una decena de imputados cerró una etapa clave de la investigación y abrió otra más sensible. El caso obliga a Chile a lidiar con una hipótesis compleja: que su territorio haya sido utilizado para ejecutar un ajuste de cuentas que excede el mundo del hampa. La posibilidad de un crimen político tercerizado, ejecutado por una banda criminal extranjera, instala un dilema institucional que afecta seguridad, diplomacia y política migratoria.

Chile 

Crimen organizado como intermediario

La tesis de la Fiscalía describe una estructura que no actuó de manera improvisada. El secuestro fue planificado, la víctima fue vigilada y el cuerpo fue ocultado con métodos diseñados para borrar rastros. Estos elementos refuerzan la idea de que el grupo conocido como Los Piratas, vinculado al Tren de Aragua, operó como brazo ejecutor de una orden externa. La tercerización del delito aparece como un patrón funcional, capaz de diluir responsabilidades y complejizar la atribución de autoría intelectual.

Este mecanismo no es nuevo en la región, pero sí excepcional en Chile. La utilización de organizaciones criminales para neutralizar opositores en el extranjero ha sido denunciada en otros contextos latinoamericanos, aunque rara vez con una causa judicial tan avanzada. En este caso, la condición de refugiado político de Ojeda agrega un componente adicional: el Estado chileno queda interpelado no solo como garante de seguridad interna, sino como espacio de protección que habría sido vulnerado por una red criminal con conexiones transnacionales.

Deleznable noticia y un golpe a la imagen internacional d Chile: Exmilitar venezolano Ronald Ojeda había logrado asilo en nuestro país ante persecución del régimen d Nicolás Maduro. Condolencias a viuda, pequeño hijo y familiares. ¡La democracia triunfará! 🇨🇱🇻🇪🇨🇱🇻🇪🇨🇱🇻🇪 pic.twitter.com/BQDtojJSwW

— Roberto Ampuero (@robertoampuero) March 2, 2024

Un precedente incómodo para el Estado

El impacto del caso se proyecta más allá del juicio. Si la acusación logra sostenerse en tribunales, Chile enfrentará el precedente de haber albergado un crimen que combina delincuencia organizada y persecución política. El riesgo es la normalización de este modelo, en el que actores criminales funcionan como intermediarios para ejecutar violencias que los Estados no asumen de forma directa, pero de las que tampoco quedan completamente desligados.

🇻🇪🇨🇱‼️ URGENTE: El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusa al régimen narcoterrorista de Nicolas Maduro del asesinato de Ronald Ojeda.

Fuerte. Un gran gesto del presidente chileno. Lo de Venezuela ya no va de ideologías, es por la humanidad.

pic.twitter.com/LTvJOKRyuM

— Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 15, 2025

El desenlace judicial marcará un límite. Una condena acotada a los ejecutores materiales dejaría abierta la pregunta sobre las responsabilidades superiores y el alcance real del mensaje disuasivo. En cambio, una investigación que logre demostrar vínculos más amplios reforzaría la idea de que el crimen organizado en América Latina ya no es solo un problema de seguridad, sino una herramienta adaptable a conflictos políticos regionales.