La violencia extrema por motivos de género mantuvo una curva sostenida durante 2025 y dejó un saldo de 266 femicidios en todo el país. La cifra, que equivale a un asesinato cada 33 horas, surge del informe elaborado por la ONG MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y representa once casos más que los registrados el año anterior.
El dato central del trabajo no se limita a los homicidios consumados. A lo largo del año también se contabilizaron 997 intentos de femicidio, un número que revela la existencia de situaciones de violencia previa que, en muchos casos, no fueron detectadas o no lograron ser frenadas a tiempo por el sistema de protección estatal.
El informe muestra que el riesgo para las víctimas se concentró, principalmente, en los vínculos cercanos y en el ámbito privado. El 68% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares, mientras que el 62% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor. En ese contexto, la casa volvió a aparecer como el escenario más peligroso.
Otro de los datos que aporta el relevamiento es el impacto social que deja cada femicidio. Durante 2025, al menos 184 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia directa de estos crímenes. La edad promedio de las víctimas fue de 39 años y, en el 15% de los casos, las mujeres habían denunciado previamente a su agresor.
El análisis territorial también exhibe fuertes asimetrías. La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con 118 femicidios, seguida por Santa Fe con 30. Córdoba se ubicó en el tercer lugar, con 17 casos registrados durante el año, por encima de Misiones (16), Tucumán (13), Chaco (10) y la Ciudad de Buenos Aires (10).
El informe de MuMaLá advierte que, a diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, las cifras siguen mostrando un escenario crítico. La persistencia de los femicidios, los intentos reiterados y la concentración de los crímenes en el ámbito doméstico vuelven a poner en debate la eficacia de las políticas de prevención y la capacidad del Estado para intervenir de manera temprana frente a la violencia de género.