El 2025 fue un año de fuerte desgaste parlamentario para el gobierno de Javier Milei. Con minoría propia en ambas cámaras, el oficialismo enfrentó una oposición que logró imponer agenda y sancionar leyes clave que luego fueron vetadas una por una por el Presidente, consolidando un esquema de confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El primer veto llegó el 23 de junio, cuando Milei anuló la ley que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires tras el temporal que afectó a Bahía Blanca y Coronel Pringles. La norma creaba un fondo especial de $200 mil millones, pero fue rechazada por el Ejecutivo con el argumento del impacto fiscal y la falta de financiamiento específico.
Días después, el Congreso avanzó con un paquete de fuerte impacto social: la Emergencia en Discapacidad, el incremento excepcional de jubilaciones y pensiones -que restituía el 7,2% perdido en el cambio de fórmula y elevaba el bono previsional- y la prórroga de la moratoria previsional. Las tres iniciativas fueron vetadas en conjunto el 4 de agosto, mediante un decreto que volvió a poner en el centro la discusión por el ajuste y el gasto público.
En agosto también quedaron anuladas dos leyes sensibles para el sistema educativo y sanitario. Por un lado, el financiamiento universitario, que obligaba a actualizar partidas y salarios docentes según inflación. Por otro, la Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada en medio de la crisis del Hospital Garrahan, que buscaba recomponer salarios y condiciones laborales de residentes y personal médico. Milei vetó ambas normas, reiterando su rechazo a compromisos presupuestarios sin respaldo fiscal.
La séptima ley vetada fue la que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estableciendo transferencias automáticas a las provincias para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. El veto, oficializado en septiembre, cerró un año en el que el Presidente bloqueó todas las leyes impulsadas por la oposición, con una sola excepción: la Ley Nicolás, vinculada a protocolos médicos, que sí fue promulgada.