El Gobierno nacional anunció un endurecimiento de la política migratoria con foco en ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, a quienes se les restringirá el ingreso al país. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y se enmarca en una estrategia de prevención en materia de seguridad nacional y cooperación internacional.
La medida apunta a impedir que la Argentina sea utilizada como refugio, plataforma logística o espacio de protección por personas asociadas a estructuras estatales y paraestatales señaladas por prácticas represivas, corrupción o violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Según el comunicado oficial, el nuevo esquema de control migratorio abarca a funcionarios del régimen, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios vinculados al aparato político-económico del chavismo y personas incluidas en listados de sanciones aplicadas por Estados Unidos y otros países.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que se trata de perfiles de riesgo, evaluados caso por caso, en función de antecedentes, vínculos políticos, sanciones vigentes y alertas de organismos internacionales.
La ministra Alejandra Monteoliva fue contundente al anunciar la decisión a través de sus redes sociales: “Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones y en coordinación con otros organismos del Estado, establecimos restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen”.
Y agregó: “El objetivo es claro: impedir que quienes colaboraron con una estructura criminal y represiva intenten utilizar a la Argentina como destino de refugio o plataforma de protección”.
En esa línea, remarcó que la postura del Ejecutivo es inequívoca: “Los cómplices de Maduro no encontrarán amparo en nuestro país”.
Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro. pic.twitter.com/LzCk6D9KGg
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 3, 2026
La decisión argentina se produce en un escenario regional de creciente presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con sanciones individuales, restricciones financieras y cuestionamientos por parte de distintos gobiernos occidentales y organismos internacionales.
En los últimos años, varios países de la región y de Europa reforzaron controles migratorios selectivos para impedir el ingreso de personas ligadas a regímenes autoritarios o a redes de corrupción transnacional, en línea con compromisos de cooperación judicial y de seguridad.
Desde el Gobierno explicaron que la implementación de estas medidas requiere articulación interinstitucional, intercambio de información y verificación de antecedentes, tanto a nivel local como internacional. La Dirección Nacional de Migraciones será el organismo encargado de aplicar los criterios de admisión, con apoyo de áreas de inteligencia, seguridad y cancillería.
La decisión marca un endurecimiento explícito del discurso y de la política migratoria frente al régimen venezolano, y busca enviar una señal política clara: la Argentina no será un destino seguro para quienes hayan sido parte o colaboradores de estructuras señaladas por represión, persecución política o delitos económicos.