CGT en pie de guerra contra la reforma laboral de Milei: qué se viene ahora

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió que, durante el inicio de 2026, concentrará su estrategia en bloquear o modificar de manera sustancial la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El plan incluye gestiones políticas para alterar el contenido del proyecto y acciones destinadas a impedir que la iniciativa sea aprobada en el Congreso en su versión original.

El escenario interno de la central obrera está atravesado por tensiones. El sector mayoritario, de perfil dialoguista y que controla la conducción surgida del congreso del 5 de octubre, buscará abrir canales de negociación con el oficialismo y otros actores institucionales, evitando por ahora acelerar la convocatoria a un nuevo paro general. En paralelo, el ala más dura del sindicalismo rechaza cualquier versión atenuada de la reforma y evalúa impulsar medidas de fuerza para aumentar la presión sobre el Ejecutivo, con la mirada puesta en el escenario político de 2027.

La conducción actual de la CGT está integrada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (vidrio), quienes expresan una línea de diálogo con el Gobierno. Ese perfil también se refleja en los dirigentes que respaldaron sus designaciones y que, aunque sin cargos formales, conservan peso en la toma de decisiones. Argüello cuenta con el apoyo de Hugo Moyano; Sola responde a referentes del sector de “los Gordos”, como Héctor Daer y Armando Cavalieri; mientras que Jerónimo llegó al triunvirato con el respaldo de Gerardo Martínez (UOCRA) y dirigentes cercanos a Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). Si bien Daer mantiene una postura más crítica frente al Gobierno, vinculada a su cercanía con el gobernador Axel Kicillof, el bloque dialoguista sigue siendo mayoritario.

Dentro del Consejo Directivo de la CGT, que reúne a 36 organizaciones, alrededor de diez sindicatos se alinean con posiciones más confrontativas. Entre ellos se encuentran gremios identificados con el kirchnerismo, como la UOM y La Bancaria; sindicatos del transporte, como Dragado y Balizamiento, Aeronavegantes y La Fraternidad; y otros con conflictos abiertos con el Ejecutivo, como UATRE, cuya obra social permanece intervenida. El resto de la cúpula sindical mantiene canales de diálogo con el Gobierno, aunque sin garantizar respaldo si no se alcanzan acuerdos concretos.

En este contexto, enero aparece como un mes clave. La conducción cegetista buscará abrir instancias de negociación con gobernadores y legisladores para bloquear los votos necesarios que permitan sancionar la reforma laboral tal como fue presentada. En la CGT sostienen que varios artículos afectan el financiamiento sindical, la estructura gremial y derechos laborales vigentes.

En paralelo, la central obrera mantendrá contactos con referentes cercanos al oficialismo, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo y dirigentes del entorno de Karina Milei, como Martín y Eduardo “Lule” Menem, con el objetivo de moderar el alcance del proyecto. Sin embargo, en la CGT descartan acompañar la reforma aun si se aprueba con cambios, en línea con la postura adoptada durante el debate de la Ley Bases, cuando la eliminación del capítulo laboral no alteró el rechazo sindical.

En ese marco, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de un nuevo paro general durante marzo, tanto para expresar el desacuerdo con la reforma como para contener las tensiones internas. La advertencia ya había sido anticipada durante la movilización del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, cuando los cotitulares de la CGT señalaron que la falta de negociación podría derivar en una nueva huelga.

Mientras tanto, los sectores más duros del sindicalismo siguen de cerca los movimientos de la conducción. Dirigentes como Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (bancarios) y referentes de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), entre ellos Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, analizan el escenario y evalúan los próximos pasos. El factor político-electoral también incide: algunos dirigentes alineados con el proyecto presidencial de Kicillof consideran que un deterioro económico con cierres de empresas y despidos podría intensificar el conflicto social y empujar a la CGT hacia una postura más confrontativa.

Aun así, incluso los sectores menos alineados con esa estrategia anticipan que, si el oficialismo intenta avanzar sin concesiones, la central obrera podría mostrar una posición unificada para frenar la reforma laboral y fortalecer una oposición sindical con proyección hacia 2027.

GZ