El escándalo narco que sacude a Chaco y expone a la gestión de Zdero

El procesamiento de siete policías chaqueños por intentar sustraer 9 kilos de cocaína durante una quema oficial de drogas dejó de ser un hecho policial para convertirse en un problema político de primer orden para el gobierno de Leandro Zdero. La escena, registrada por cámaras de televisión, no solo mostró una maniobra burda, sino que desnudó una falla estructural en el control del Estado sobre su propia fuerza de seguridad.

La causa, a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, avanzó con rapidez y derivó en prisiones preventivas por delitos graves vinculados al narcotráfico. Pero el impacto real está puertas afuera de los tribunales: el episodio ocurrió en el marco del primer acto oficial de incineración de drogas de la gestión y dejó al descubierto una contradicción directa entre el discurso de orden y transparencia y la práctica concreta dentro de la policía provincial.

El golpe político fue mayor porque el escándalo estalló días después de que el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, alabara públicamente la política antidrogas del Gobierno nacional y se mostrara alineado con la estrategia de Patricia Bullrich. En ese contexto, la imagen de efectivos intentando cambiar cocaína por yeso en un procedimiento oficial perforó la credibilidad del relato oficial y obligó al Ejecutivo provincial a replegarse.

Desde la oposición y sectores del peronismo chaqueño advirtieron que el caso no puede reducirse a “manzanas podridas” y apuntaron a la responsabilidad política de la conducción de la fuerza. El señalamiento no es nuevo: antecedentes recientes de corrupción y connivencia con el narcotráfico ya habían generado cuestionamientos, pero el nivel de exposición pública de este episodio marcó un punto de inflexión.

Más allá de las eventuales condenas, el escándalo deja a la gestión de Zdero frente a un dilema político complejo: sostener una narrativa de combate al narcotráfico mientras enfrenta una crisis de confianza interna en su propia policía. En un contexto nacional donde la seguridad es uno de los ejes centrales del debate público, el caso amenaza con convertirse en un costo político duradero para el oficialismo chaqueño.