Javier Milei reabre el Congreso en febrero: qué tres leyes quiere blindar

El Gobierno nacional se prepara para un nuevo round legislativo en febrero, con la intención de reactivar el Congreso de la Nación a partir del 2 y avanzar con los proyectos que quedaron pendientes tras el cierre de las sesiones extraordinarias de diciembre. En la Casa Rosada descartan actividad parlamentaria en enero y concentran las negociaciones en una ventana que se extendería hasta el 27 de febrero.

La prioridad del Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, está puesta en tres iniciativas que ya cuentan con dictamen: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria —denominada por el oficialismo como “regla fiscal”—, la reforma a la Ley de Glaciares y la reforma laboral. En el entorno presidencial consideran que ese paquete es clave para consolidar el programa económico del Gobierno en el inicio de 2026.

La llamada regla fiscal busca establecer sanciones para funcionarios públicos y directores de bancos públicos que generen gasto considerado excesivo o impulsen mecanismos distorsivos de emisión monetaria, bajo el principio de no gastar más de lo que ingresa al Estado nacional. Aunque ese criterio de ajuste ya se aplica desde el comienzo de la gestión de Milei, el oficialismo intenta ahora darle respaldo legal, en medio de cuestionamientos por la convivencia entre el recorte del gasto social y las rebajas impositivas a sectores concentrados.

Otro de los proyectos más sensibles es la modificación de la Ley de Glaciares, que propone mantener la protección de los glaciares pero flexibilizar las restricciones en las zonas periglaciares, delegando mayor control a las provincias. La iniciativa cuenta con el respaldo de varios gobernadores cordilleranos, pero enfrenta fuertes críticas de organizaciones ambientales que advierten sobre el impacto en los recursos hídricos y el equilibrio ecológico.

La reforma laboral completa el núcleo duro de la agenda oficialista. El proyecto apunta a reducir costos laborales, limitar el poder de los sindicatos y modificar aspectos centrales del régimen de indemnizaciones, convenios colectivos y contribuciones patronales. Tras las protestas impulsadas por la CGT y la falta de votos en diciembre, el Gobierno apuesta a reabrir el debate en febrero con una estrategia de negociación más gradual, aunque sin resignar los ejes centrales de la iniciativa.

En cambio, la reforma integral del Código Penal, impulsada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quedó fuera de la agenda inmediata. En el propio oficialismo admiten que se trata de un texto de alta complejidad política y técnica, que demandará un proceso de discusión más extenso y todavía no tiene definido su recorrido parlamentario.