SIDE: una reforma que enciende alarmas sobre control y vigilancia

En la Argentina de las fiestas austeras y las preocupaciones cotidianas, el Gobierno volvió a recurrir a una vieja práctica: aprovechar el clima de fin de año para avanzar con decisiones de alto impacto político. El 31 de diciembre, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reformula de manera profunda el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo que meses atrás recuperó su denominación histórica tras dejar atrás el nombre de Agencia Federal de Inteligencia.

El decreto no pasó por el Congreso, pese a que las sesiones extraordinarias habían concluido pocos días antes, y establece un nuevo marco que amplía de forma sustancial las atribuciones del sistema de inteligencia. Entre los puntos más controvertidos, habilita al personal de la SIDE a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, declara encubiertas todas las actividades de inteligencia y permite una mayor articulación con las Fuerzas Armadas y de seguridad interior.

La reforma se gestó en un contexto de fuertes internas en el oficialismo y de cambios en la cúpula del organismo. Sergio Darío Neiffert, designado titular de la SIDE en julio de 2024, quedó envuelto en cuestionamientos políticos, denuncias de presuntas irregularidades y una trama de alianzas que incluyó un acuerdo con la firma estadounidense Tactic Coc LLC, integrada por consultores vinculados al trumpismo y a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Ese convenio, firmado con una empresa de reciente creación y sin trayectoria en inteligencia estatal, encendió críticas por la posible cesión de información sensible y la injerencia extranjera en asuntos estratégicos.

Tras la salida de Neiffert, asumió Cristian Auguadra, un funcionario de perfil técnico y cercano al entorno de Santiago Caputo, mientras en paralelo se terminaba de redactar el nuevo esquema normativo que Milei terminó oficializando por decreto. Juristas, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advirtieron que el DNU introduce una lógica de “seguridad nacional” que recuerda etapas oscuras de la historia argentina, al otorgar a la inteligencia facultades propias de una fuerza policial y ampliar el secreto sobre sus acciones.

El texto también reconfigura la inteligencia militar, elimina áreas existentes y concentra la producción de inteligencia estratégica en el Estado Mayor Conjunto, bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo. Además, impulsa el desarrollo de capacidades de ciberinteligencia y ciberseguridad, con acceso ampliado a datos, comunicaciones y sistemas digitales, un punto que genera especial preocupación por su impacto sobre la privacidad y las libertades civiles.

El debate de fondo vuelve a ser histórico: hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad. En un país marcado por el uso del aparato de inteligencia para la persecución política durante dictaduras y gobiernos autoritarios, la reforma reabre viejas heridas y plantea un interrogante inquietante sobre el rumbo institucional. Para sus críticos, el DNU 941/2025 sienta las bases de un sistema de vigilancia ampliado y opaco; para el Gobierno, se trata de modernizar estructuras. En el medio, queda una sociedad que vuelve a mirar con recelo todo lo que se decide, como dice el tango, “justo el 31”.

GZ