La decisión del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de demorarse en convocar formalmente a la reapertura de las paritarias estatales bonaerenses generó un fuerte malestar entre los gremios del sector público, que advierten que la falta de respuestas podría derivar en medidas de fuerza en áreas como salud, educación y justicia.
Aunque el Ejecutivo provincial mantiene abierta la negociación del acuerdo salarial 2025 y prometió retomar las discusiones durante enero, la postergación de una convocatoria concreta encendió la alarma sindical. En una reunión reciente con representantes gremiales, Kicillof y sus ministros les informaron que las negociaciones se reanudarán a principios de este mes, pero descartaron un bono de fin de año y dejaron en suspenso cualquier aumento antes de esa fecha.
La decisión provincial se da en medio de un escenario económico ajustado, con restricciones presupuestarias y críticas de algunos sectores oficialistas que señalan que la gestión nacional complica las cuentas de la provincia. Los sindicatos, por su parte, sostienen que los salarios quedaron rezagados frente a la inflación y reclaman una reapertura urgente de las mesas de diálogo con propuestas concretas de recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Sectores como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y las cámaras docentes agrupadas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense vienen reclamando desde fines del año pasado una convocatoria formal para discutir aumentos que compensen la pérdida de ingresos reales.
La semana que comienza será clave para la gestión bonaerense y los sindicatos: si no hay una convocatoria clara con ofertas salariales, las tensiones podrían traducirse en protestas y acciones gremiales en pleno inicio del ciclo lectivo y con la agenda pública puesta en los reclamos sociales y económicos de comienzos de 2026.
GZ