La intervención estadounidense en Venezuela durante la administración de Donald Trump fue presentada oficialmente como una operación de seguridad hemisférica, no como una maniobra motivada por el control de recursos energéticos. En la narrativa de la Casa Blanca, el país sudamericano había dejado de funcionar como un Estado convencional para convertirse en un territorio penetrado por redes de narcotráfico, grupos armados irregulares y organizaciones catalogadas como terroristas.
Desde esta perspectiva, la captura de Nicolás Maduro respondió a acusaciones judiciales previas en tribunales federales de Estados Unidos, donde se lo señalaba como parte de una estructura que facilitaba el tráfico internacional de drogas y brindaba protección política a organizaciones criminales transnacionales. La intervención fue encuadrada así como una extensión de la lucha contra el narcotráfico, más que como un episodio de competencia por el petróleo.
Funcionarios estadounidenses sostuvieron que Venezuela había evolucionado hacia una forma de "Estado capturado", en el que instituciones formales convivían con economías ilegales dominadas por el narcotráfico, la minería ilícita y el contrabando. En ese marco, la frontera entre poder político y crimen organizado se volvió difusa, generando un foco de inestabilidad con impacto regional.
La designación de organizaciones criminales con base en Venezuela como amenazas terroristas permitió a Washington ampliar su marco legal de acción. Grupos vinculados al narcotráfico y a la violencia transnacional fueron incorporados a listas de seguridad, habilitando sanciones, operaciones de interdicción y acciones directas bajo doctrinas de defensa preventiva.
Sec. Rubio: “Bajo la Administración Trump, no vamos a tener un país como Venezuela en nuestro propio hemisferio, en el ámbito de control y ruta para Hezbolá, para Irán y para cualquier otra influencia maligna en el país, en el mundo. Eso, sencillamente, no va a existir.” pic.twitter.com/KWtSs4N7Zy
— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) January 5, 2026
El petróleo venezolano, pese a su relevancia estratégica, fue relegado a un plano secundario en la argumentación oficial. Voceros de la administración Trump remarcaron que la reconstrucción del sector energético requeriría inversiones multimillonarias y estabilidad prolongada, lo que desmentía la idea de una intervención rápida con fines extractivos inmediatos.
En cambio, el énfasis estuvo puesto en desarticular redes criminales que, según Washington, utilizaban al Estado venezolano como plataforma logística para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Bajo esta lógica, la intervención fue presentada como una acción para restablecer condiciones mínimas de seguridad, no para apropiarse de activos energéticos.
El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026
Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp
El enfoque de seguridad no estuvo exento de críticas. Gobiernos y organismos internacionales cuestionaron la legalidad de la intervención y alertaron sobre el riesgo de precedentes. Sin embargo, para la administración Trump, el argumento central fue que Venezuela había dejado de ser un problema interno y se había transformado en una amenaza transnacional.
Así, la intervención fue defendida como una respuesta a una sociedad tomada por estructuras criminales, más que como una disputa por el control del petróleo. Esta narrativa buscó desplazar el debate desde la geopolítica energética hacia la seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo.