Diputados nacionales de la oposición presentaron una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y amplía las facultades de la SIDE, con el objetivo de que la Justicia declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta.
La presentación judicial fue impulsada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, de Provincias Unidas, quienes sostienen que el decreto fue dictado sin que existan razones de “necesidad y urgencia” que justifiquen eludir el debate parlamentario.
Los legisladores advirtieron que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere deliberación, equilibrio y control democrático.
Además, cuestionaron que el DNU autorice a agentes de inteligencia a realizar detenciones, una facultad reservada a las fuerzas de seguridad y bajo orden judicial.
En el escrito presentado ante la Justicia, los diputados señalaron que la norma viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al avanzar sobre materias penales expresamente vedadas para este tipo de decretos.
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