Tras un año y medio de investigación, la Justicia federal dictó condenas de hasta ocho años de prisión contra el líder y los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el barrio Villa Banana, en Rosario. Las sentencias se alcanzaron mediante acuerdos plenos impulsados por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad.
El procedimiento abreviado fue homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, quien condenó a Dalmacio Saravia, conocido como “El Sapo”, a ocho años de prisión como organizador del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, Saravia lideraba una estructura de narcomenudeo con presencia en distintos puntos del oeste rosarino, principalmente en Villa Banana y Vía Honda. Aun cuando cumplía prisión domiciliaria por una condena previa, coordinaba el abastecimiento y la distribución de la droga desde su vivienda, con reportes permanentes a través de su pareja, Marianela Muñoz, quien fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria.

Además del líder y su pareja, también fueron condenados Edgardo Smolsky, Aldo Nasser, Dante Valenzuela y Tania Gauna, todos como partícipes secundarios del mismo delito. Las penas oscilaron entre los cuatro años y los tres años de ejecución condicional, con unificación de condenas y revocación de beneficios en los casos de reincidencia.
La pesquisa permitió acreditar la existencia de una red con división de funciones, control territorial y vínculos con otras organizaciones narcocriminales, entre ellas el clan conocido como Los Monos. En los allanamientos realizados el 26 de febrero de 2025 en distintos domicilios de Rosario se secuestraron drogas listas para la venta, elementos de fraccionamiento y un arma de fuego.
En todos los acuerdos plenos, los imputados aceptaron expresamente los hechos, su participación, la calificación legal y las penas requeridas por la fiscalía. La investigación contó además con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y permitió desarticular una estructura que operó al menos entre mayo de 2024 y febrero de 2025.