SIDE y detenciones: el plan del Gobierno tras la lluvia de amparos contra el DNU

El Poder Ejecutivo se alista para una batalla legal prolongada tras la publicación del DNU 941/2025, que reforma de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Ante la presentación de múltiples recursos de amparo que buscan frenar la medida, la Casa Rosada ha definido una estrategia de apelaciones preventivas y cuestionamientos técnicos a la legitimidad de los demandantes, mientras el organismo comienza su reestructuración operativa.

El eje de la polémica: "Aprehensión" y carácter encubierto

El punto más crítico de la reforma es la incorporación del artículo 10 nonies a la Ley de Inteligencia. Esta modificación habilita al personal del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) a "proceder a la aprehensión de personas" en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o ante la comisión de delitos en flagrancia.

Además, el decreto establece un cambio drástico en la publicidad de los actos de gobierno al determinar que todas las actividades de inteligencia nacional revisten carácter encubierto debido a su sensibilidad y con el fin de minimizar el "Riesgo Estratégico Nacional". Para la oposición, esta "arquitectura legal opaca" facilita la vigilancia estatal sin control judicial previo.

Reorganización del sistema: ANC, AFC e IGI

El DNU 941/2025 dispone una reconfiguración de las agencias bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para evitar superposiciones de funciones:

• Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC): Sustituye a la anterior ASN y se orienta a identificar amenazas a la seguridad estratégica, como espionaje, sabotaje e injerencia extranjera.
• Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC): Especializada en la obtención de información en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico.
• Inspectoría General de Inteligencia (IGI): Reemplaza a la División de Asuntos Internos con la función de auditar la economía de recursos y la eficacia de los organismos del sistema.

Asimismo, el Gobierno creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como un organismo descentralizado bajo la Jefatura de Gabinete, que actuará como rector en la protección de infraestructuras críticas del Estado, separando la ciberseguridad de las tareas de inteligencia pura.

La estrategia oficial ante la ofensiva judicial

Desde el Gobierno confían en que el decreto sorteará la justicia porque, según argumentan, los sectores que presentaron amparos no tienen "legitimación" al no haber sufrido un daño directo.

“Ninguno de los amparos debiera ser ni considerado por la Justicia, porque nadie tiene legitimación para presentarse”, confió una fuente oficial de la Casa Rosada.

Sin embargo, los recursos presentados por dirigentes como Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín y Federico Storani, así como por los bloques de la Coalición Cívica y el Socialismo, denuncian que el decreto “arrasa con el plexo de los derechos y garantías” y advierten que la mezcla de seguridad interior con inteligencia es la antesala de un “Estado policial”. El Ejecutivo ya adelantó que, ante cualquier fallo adverso en primera instancia, apelará para sostener la vigencia de la norma.

TM