Tras la postergación de las discusiones en diciembre, el gobierno de Axel Kicillof mantiene en vilo a los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Los gremios de estatales, docentes y judiciales aguardan una señal concreta para retomar las negociaciones y acordar un aumento salarial que sea retroactivo al último mes del año pasado.

El principal motor del reclamo es la pérdida del poder adquisitivo registrada durante 2025. Según datos sindicales, el aumento acumulado para los estatales bonaerenses alcanzó el 25,9%, una cifra que quedó notablemente por debajo de la inflación anual, la cual consultoras privadas sitúan en torno al 31%.
Desde ATE bonaerense, su secretario general Claudio Arévalo advirtió que los trabajadores necesitan recomponer sus ingresos frente a las políticas nacionales que "atacan a los estatales en particular". La última suba salarial se acordó en agosto y terminó de impactar en los bolsillos en octubre, con un incremento del 2,5%.
Durante noviembre, los funcionarios provinciales habían supeditado la reapertura paritaria a la aprobación del paquete de leyes enviado por Kicillof a la Legislatura. Sin embargo, tras la sanción del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la solicitud de endeudamiento, los sindicatos consideran que ya no existen obstáculos técnicos para la convocatoria.
La gestión provincial argumentó en los últimos encuentros que la prioridad absoluta de diciembre fue el pago en término del medio aguinaldo. No obstante, sectores más combativos ya amenazan con medidas de fuerza si la mesa de diálogo no se formaliza en los próximos días.
Para entender el reclamo, es necesario observar cómo quedaron las escalas salariales tras el último aumento de octubre:
A la espera del "guiño" oficial, gremios como UPCN, FEGEPPBA, CICOP y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, SADOP) mantienen conversaciones informales con el Ministerio de Economía que conduce Pablo López, buscando un programa que preserve el salario real frente al ajuste.
TM