Preventiva para un venezolano acusado de ingresar ilegalmente al país: lo vinculan con el Tren de Aragua

La Unidad Fiscal Corrientes formalizó la investigación penal y logró la prisión preventiva por 45 días de un ciudadano venezolano acusado de haber ingresado a la Argentina de manera irregular y sospechado de integrar la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. La medida fue dispuesta tras una audiencia de formalización y control de detención realizada el 23 de diciembre ante el juez de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.

La imputación fue formulada por la fiscal Tamara Pourcel, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, junto a los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich. El caso se inició el 20 de diciembre, cuando el hombre fue demorado por personal de la Prefectura Naval Argentina en el puerto de control de la ciudad correntina de Ituzaingó, al constatarse que había ingresado al país sin documentación y por un paso fronterizo no habilitado.

Durante el sumario administrativo, el imputado reconoció haber ingresado de forma irregular por la provincia de Salta y exhibió un “certificado de extravío” emitido un día antes por la Policía de Corrientes. También indicó que pretendía trasladarse por vía fluvial hacia Paraguay y que previamente se había desplazado por distintas provincias tras denunciar el robo de sus pertenencias. Además, admitió que desde 2017 había salido ilegalmente de Venezuela y transitado, siempre de manera irregular, por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia.

Ante la falta de datos sobre su identidad en bases nacionales, la fiscalía ordenó la toma de huellas dactilares y dio intervención a organismos internacionales. El 21 de diciembre, Interpol Venezuela informó que el hombre registraba antecedentes policiales por “homicidio intencional” en 2013 y por “porte, detención u ocultación de arma” en 2012. A su vez, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) comunicó que había sido expulsado de ese país en enero de 2025 por ingreso ilegal, y que previamente había sido detenido en junio de 2024 por carecer de documentación migratoria.

Según los informes incorporados a la causa, al momento de esa detención en Estados Unidos se le incautó un arma blanca y se constató que presentaba una bala alojada en el abdomen y múltiples cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. Además, se estableció que poseía tatuajes compatibles con los utilizados por integrantes del Tren de Aragua y que existía un pedido de arresto vigente en Canadá por causas vinculadas a lesiones agravadas y amenazas.

La investigación también determinó que la organización Tren de Aragua se encuentra incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) en la Argentina. En ese marco, la fiscalía se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional y con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, y dispuso tareas de campo para verificar el domicilio informado por el imputado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al sostener que el ingreso clandestino al país fue “consciente y deliberado” y que el imputado conocía “la gravedad jurídica, institucional y de seguridad que poseen los controles migratorios y fronterizos”. Los fiscales afirmaron que “no se trata de un error, desconocimiento o infracción menor, sino de una conducta voluntaria y estratégicamente ejecutada”.

La fiscalía también destacó los antecedentes penales en el extranjero, la presunta pertenencia a una organización criminal transnacional “altamente violenta” y la formación militar del imputado como factores que agravan el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, señalaron que el riesgo de fuga es “concreto, actual y extremadamente elevado” y que el imputado “no sólo puede fugarse, sino que ya ha demostrado saber cómo hacerlo”.

Al resolver, el juez Fresneda coincidió con la fiscalía en la existencia de una “peligrosidad procesal” y dictó la prisión preventiva del imputado por el término de 45 días, hasta el 26 de febrero próximo. Además, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión del país y le prohibió el reingreso de manera permanente.