El juego del calamar: por qué Malvinas estará copada por científicos y buques gallegos

La flota especializada en la captura de calamar loligo inició una nueva travesía hacia el caladero de las islas Malvinas, un área de alto valor económico y estratégico del Atlántico Sur cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Se trata de 16 arrastreros congeladores pertenecientes a sociedades mixtas con fuerte participación de capital español, principalmente de origen vigués, que operan bajo licencias otorgadas por el Gobierno de las islas Falkland, denominación utilizada por el Reino Unido, potencia administradora del archipiélago.

La actividad se desarrolla en el marco de un esquema de explotación exclusiva autorizado por las autoridades locales de las islas, lo que vuelve a poner en foco la controversia diplomática y jurídica en torno al uso de los recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

Preparativos en Galicia y campañas de larga duración

En los últimos días, los muelles de Beiramar, en Vigo, concentraron la actividad previa a la partida de los buques, con tareas de carga de víveres, combustible y equipamiento necesario para afrontar casi cuatro meses de navegación y pesca continua, sin escalas en puerto, entre los períodos de faena y los extensos traslados hasta el Atlántico Sur.

Entre las embarcaciones que integran la flota figuran buques de larga trayectoria, como el “Beagle FI”, que este año cumple medio siglo en activo y pertenece a una sociedad mixta con participación del grupo Pescapuerta, que también opera el “Venturer”, el “Falcon” y el “Prion”, uno de los pesqueros más recientes destinados a este caladero.

La presencia empresarial española en Malvinas se completa con varias firmas del sector pesquero gallego. El grupo Wofco participa en la sociedad Polar Fish, responsable de los arrastreros “Robin M. Lee”, “New Polar” y “Sil”. El grupo Pereira opera los buques “Argos Cíes”, “Argos Pereira” y “Argos Berbés”.

Científicos a bordo y argumentos de sostenibilidad

Los buques navegarán con científicos a bordo, cuya presencia es financiada por las propias licencias de pesca. Su función es recopilar datos biológicos y realizar estudios sobre el estado del stock, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad de la pesquería y asegurar que permanezca suficiente calamar en el ecosistema para permitir su reproducción.

Desde las autoridades de las islas sostienen que este esquema científico permite un manejo responsable del recurso. Sin embargo, distintos especialistas han cuestionado históricamente la independencia de los estudios, al estar financiados por las mismas empresas que explotan el caladero, así como la ausencia de participación de organismos científicos argentinos en la evaluación del recurso.

Dos campañas anuales y señales de alerta en la biomasa

La que comienza ahora es la primera de las dos campañas del año, coincidente con el verano austral. Esta etapa suele presentar mejores condiciones climáticas, aunque también implica la captura de ejemplares de menor tamaño en comparación con la segunda campaña, que se inicia en agosto, durante el invierno en Malvinas.

En 2025, la primera campaña cerró con 38.000 toneladas, un volumen considerado aceptable, aunque por debajo de los picos históricos que superaron las 50.000 toneladas. La segunda campaña fue más compleja: estuvo marcada por la amenaza de un cierre anticipado y por un descenso en los niveles de biomasa, lo que limitó las capturas a 18.000 toneladas. El año previo, incluso, no se había podido faenar.

El umbral de conservación y la mirada crítica

Tras el cierre de la última temporada, el Gobierno de las islas Malvinas fijó un umbral mínimo de 10.000 toneladas de biomasa para garantizar la conservación del calamar loligo. Según un estudio científico realizado al final de la campaña, la biomasa remanente estimada al 19 de septiembre fue de 13.600 toneladas, con un rango de “credibilidad” que oscila entre 9.974 y 20.355 toneladas.

Las autoridades locales sostienen que el riesgo de caer por debajo del umbral sería de apenas 2,5%, lo que consideran suficiente para avalar la continuidad de la actividad.

No obstante, desde una mirada crítica, distintos analistas advierten que la presión pesquera sostenida, sumada a la variabilidad ambiental y al cambio climático, podría comprometer a mediano plazo la recuperación del recurso.