Durante más de un año, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec operó servicios de pasajeros sin contar con un seguro obligatorio, una irregularidad que pasó inadvertida para el público mientras el proyecto era presentado como símbolo de modernización y desarrollo regional. La situación reveló una brecha significativa entre el discurso oficial y la gestión cotidiana de una infraestructura crítica, en la que la seguridad de los usuarios quedó relegada frente a la urgencia política por mostrar resultados.
El caso no solo puso en evidencia una omisión administrativa puntual, sino también un patrón de tolerancia institucional frente a incumplimientos básicos. En un país donde los proyectos emblemáticos concentran recursos y atención política, la ausencia de una póliza para pasajeros refleja una cadena de decisiones en la que los controles internos fallaron o fueron directamente ignorados, sin que existieran alertas tempranas ni correcciones oportunas.
La responsabilidad recae de manera directa sobre la estructura que administra el tren, bajo la órbita de la Secretaría de Marina, cuya participación en obras civiles ha sido defendida como sinónimo de orden y eficiencia. Sin embargo, el episodio muestra que la transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas no garantiza, por sí sola, el cumplimiento de marcos regulatorios civiles, especialmente en áreas sensibles como la protección de pasajeros y la responsabilidad legal ante eventuales accidentes.
A nivel jurídico, la operación sin seguro expuso al Estado a un riesgo financiero considerable, ya que cualquier siniestro habría derivado en litigios y compensaciones cubiertas con fondos públicos. Más allá de la regularización posterior, persiste la incógnita sobre si existieron auditorías internas, sanciones administrativas o mecanismos de rendición de cuentas, elementos clave para evitar que este tipo de omisiones se repitan en otros proyectos estratégicos.
En Chivela, comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, el descarrilamiento del Tren Interoceánico no se conoció por comunicados oficiales, sino por mensajes en redes sociales y altavoces comunitarios. Esto provocó que habitantes dejaran sus casas y caminaran hacia las vías para… pic.twitter.com/BhZqkL6Jjk
— La Silla Rota (@lasillarota) December 30, 2025
En el plano político, el episodio erosiona la narrativa de eficiencia y responsabilidad con la que se han promovido las grandes obras del sexenio. El corredor interoceánico aspira a posicionarse como alternativa logística regional, pero la confianza de inversionistas y socios internacionales depende tanto de la infraestructura física como de la solidez institucional que la respalda. Fallas de este tipo debilitan esa confianza.
❌ Mientras @lopezobrador_ rompe el silencio para defender al dictador Nicolás Maduro, las y los mexicanos seguimos esperando sus explicaciones sobre SU CORRUPCIÓN en el Tren Interoceánico.
— Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) January 8, 2026
Puso a su querubín Gonzalo López Beltrán a supervisar la obra y resultó en tragedia, como… pic.twitter.com/mwExg9kvKt
El caso del Tren Interoceánico deja una lección más amplia sobre la gestión de la obra pública en México: la prisa por inaugurar puede generar costos diferidos que emergen cuando la atención mediática se desplaza. La ausencia temporal de un seguro no fue un detalle menor, sino un síntoma de una gobernanza que privilegia la épica del proyecto sobre la disciplina