La emergencia ígnea en la Patagonia ha dejado de ser un problema estrictamente ambiental para transformarse en un escenario de alta tensión política. En las últimas horas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha endurecido su postura al sintonizar con la narrativa del Ministerio de Seguridad sobre la posible participación de grupos radicalizados en el origen de los fuegos.
Este alineamiento es leído como un gesto estratégico hacia Javier Milei en el marco de la negociación que el ministro Diego Santilli lleva adelante por los votos de la reforma laboral.
Desde que el sistema de manejo del fuego pasó a la órbita de la cartera de Seguridad -área donde la gestión de Alejandra Monteoliva mantiene el foco en la prevención del delito complejo-, la hipótesis de la intencionalidad ha ganado terreno. El Gobierno nacional sugiere que detrás de los incendios existen intereses de grupos de resistencia que buscan desestabilizar la región patagónica.
Este discurso de "mano dura" contra el vandalismo rural coincide con la visita de Diego Santilli a Chubut. El ministro del Interior activó una gira federal para "blindar" el apoyo de los gobernadores a la reforma laboral, y el acompañamiento de Torres en la narrativa de seguridad es visto como una señal de distensión tras los cruces por el financiamiento provincial.
Sin embargo, la narrativa oficial enfrenta una dura réplica desde el Congreso. La diputada bonaerense Sabrina Selva denunció que el problema de fondo no es el "terrorismo", sino el desfinanciamiento del sistema de manejo del fuego.

La situación en Chubut es observada de cerca por los 11 senadores clave que definirán la reforma laboral en febrero. Para Torres, el equilibrio es delicado: debe exigir los fondos que Selva denuncia como recortados, pero al mismo tiempo mantener el diálogo con Santilli para asegurar inversiones en infraestructura.
Mientras la oposición acusa al Gobierno de "mirar para otro lado" y precarizar el sistema federal, el oficialismo confía en que la agenda de seguridad compartida con los gobernadores del sur sirva de puente para consolidar el apoyo legislativo que el presidente Javier Milei necesita para su plan de reformas estructurales.
TM