El asesinato de una mujer durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos, reavivó el debate internacional sobre los límites del uso de la fuerza estatal. En diálogo con Radio Perfil, la exministra de Seguridad Sabina Frederic sostuvo que el hecho fue avalado políticamente por el presidente Donald Trump y lo inscribió dentro de una lógica de “acción disciplinadora” que, lejos de ser excepcional, se repite cuando los gobiernos legitiman públicamente este tipo de prácticas.
“Lo que ocurrió en Minneapolis está por fuera de la legalidad en Occidente”, afirmó Frederic, y remarcó que el punto en común con otros episodios es el respaldo explícito del poder político a fuerzas especiales federales. “Ese aval es comparable con lo que sucede en Argentina cuando desde el Gobierno, y particularmente desde la ministra Patricia Bullrich, se sale a defender este tipo de acciones”, agregó.
La exfuncionaria explicó que existen períodos históricos en los que la violencia letal de las instituciones estatales aumenta, especialmente cuando se relajan los controles y se envían señales de impunidad. Si bien señaló que Argentina no cuenta con un sistema estatal público de monitoreo integral, indicó que diversos organismos registran subas en la letalidad policial y penitenciaria en determinados contextos políticos.
Frederic comparó la situación estadounidense -marcada por un racismo estructural que impacta principalmente sobre minorías afrodescendientes y migrantes- con otros casos internacionales. Citó a Francia, Brasil, México y Colombia como países con historiales de alta letalidad policial, y destacó que Argentina mantiene índices relativamente bajos en comparación, producto de su historia reciente y del procesamiento institucional de la dictadura militar.
No obstante, advirtió que esa tendencia puede revertirse. “Cuando los máximos gobernantes defienden públicamente estos hechos, eso alienta su repetición”, sostuvo. En ese marco, mencionó episodios recientes ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivos policiales actuaron con extrema violencia en situaciones que no involucraban armas, y subrayó que la Policía de la Ciudad presenta niveles de agresividad mayores que otras jurisdicciones.
Para Frederic, la relación entre política y práctica policial es directa. “No quiere decir que una fuerza controlada no tenga ningún caso, pero cuando hay formación, protocolos claros y programas de uso racional de la fuerza, la incidencia baja sensiblemente”, explicó, al contrastar esas políticas con el actual protocolo de seguridad impulsado por Bullrich, al que calificó de “a todas luces inconstitucional”, pese a que sigue vigente.
La exministra también señaló factores internos de las fuerzas de seguridad, como las condiciones laborales extremas, la presión institucional y una lógica sacrificial, que generan estados emocionales frágiles en los agentes y los vuelven más propensos a reaccionar con violencia. Sin embargo, insistió en que esos factores se potencian cuando existe una habilitación política explícita.
Finalmente, Frederic alertó sobre el Decreto 941/2025, que reformó el sistema de inteligencia en Argentina. Advirtió que su implementación puede derivar en mayores niveles de discrecionalidad, persecución y violencia, especialmente por la actuación de personal sin identificación visible. “Eso genera terror social y profundiza una lógica de disciplinamiento que es incompatible con un Estado democrático de derecho”, concluyó.
GZ