Avanza la pelea por el DNU de la SIDE: qué decidió ahora la Justicia

Luego de varios días sin novedades, la Justicia Federal inició formalmente el proceso para analizar los amparos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional otorgó nuevas atribuciones al Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). El expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de feria, que deberá definir si habilita el tratamiento de las causas durante el receso judicial.

Para avanzar con esa decisión, el juez Walter Lara Correa giró las presentaciones a la Fiscalía en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá emitir dictamen. Con esa opinión, el magistrado resolverá si corresponde habilitar la feria judicial y permitir que los expedientes sigan su curso sin esperar al reinicio de la actividad ordinaria.

En total, cuatro amparos fueron puestos a consideración del fiscal. El primero fue presentado por la Fundación Apolo, que cuestionó el decreto por habilitar al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas y por introducir “una alteración sustancial del marco normativo que regula la privación de la libertad personal”, con impacto directo sobre derechos y garantías protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. La organización advirtió que la sola vigencia del régimen impugnado afecta de manera generalizada a un universo indeterminado de personas, por lo que involucra derechos de incidencia colectiva.

La segunda presentación fue realizada por los diputados nacionales Mónica Frade, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, integrantes del interbloque Unidos. Los legisladores señalaron que el Gobierno contaba con herramientas institucionales para discutir la reforma en el Congreso y cuestionaron que no se haya incorporado el debate del DNU al período de sesiones extraordinarias. En ese sentido, sostuvieron que el decreto modifica de manera conceptual y estructural una de las áreas más sensibles del Estado, vinculada a la seguridad nacional y los organismos de inteligencia, por lo que debía haber sido objeto de un amplio debate parlamentario.

El tercer amparo fue impulsado por un grupo de históricos dirigentes radicales, entre ellos Leopoldo Moreau, Federico Storani, Luis “Changui” Cáceres y Ricardo Alfonsín, quienes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del decreto. En su presentación, advirtieron que las normas impugnadas lesionan de forma actual e inminente derechos fundamentales de la ciudadanía, como la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, de asociación, de participación política y el derecho a peticionar ante las autoridades.

Por último, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo en el que también reclamó la nulidad absoluta del DNU y solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de varios de sus artículos, además de pedir expresamente la habilitación de la feria judicial. La organización argumentó que el decreto es inconstitucional por al menos tres razones: la inexistencia de una situación de necesidad y urgencia que justifique una reforma de esta magnitud; el avance del Ejecutivo sobre materia penal, al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control posterior; y el carácter ilegal, arbitrario y desproporcionado de las disposiciones, por los derechos fundamentales que afectan.

GZ