Molinos Río de la Plata frente al pasado: por qué un exjefe irá a juicio oral

El próximo 23 de abril comenzará en La Plata el juicio oral contra Emilio Jorge Parodi, ex directivo de Molinos Río de la Plata, acusado de haber participado en el secuestro de tres obreros de la planta de Avellaneda durante la última dictadura cívico-militar. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que fijó el inicio del proceso a días del comienzo de la feria judicial y resolvió que las audiencias se realicen de manera telemática y únicamente los días jueves.

Parodi es un abogado -actualmente de 84 años- que llega al debate acusado como partícipe necesario de los secuestros de Santos Ojeda, Francisco Fernández y Roberto José Rivolta Bonino, ocurridos el 7 de julio de 1976. Para las querellas, el juicio representa una instancia clave para avanzar en el reconocimiento de las responsabilidades empresariales en los crímenes de lesa humanidad, un terreno que históricamente encontró más obstáculos que el juzgamiento de los represores militares.

La fecha fue establecida por la jueza Noel Costa, quien subroga en el fuero contencioso de La Plata. Parodi había sido detenido en julio de 2023 por orden del juez federal Ernesto Kreplak, tras una extensa investigación impulsada por organismos de derechos humanos, sindicatos y familiares de las víctimas. Hasta su detención, el ex directivo continuaba activo como asesor empresarial en materia de recursos humanos.

Durante los años del terrorismo de Estado, Parodi ocupó cargos clave dentro de Molinos Río de la Plata. Entre 1974 y 1979 fue jefe de personal de la planta de Avellaneda; luego se desempeñó como jefe de Relaciones Laborales y, finalmente, como gerente de Relaciones Industriales hasta comienzos de los años noventa. Para la Justicia, ese lugar estratégico dentro de la empresa vuelve inverosímil que los secuestros ocurridos dentro y en las inmediaciones de la fábrica hayan pasado desapercibidos.

En su resolución, Kreplak sostuvo que Parodi facilitó el accionar represivo, en particular mediante el reconocimiento previo de los trabajadores señalados como delegados y activistas gremiales. Los secuestros se produjeron en un mismo día y con una coordinación precisa: Ojeda fue interceptado al salir de su turno de madrugada; Fernández fue llevado desde el interior de la planta cuando estaba por fichar su ingreso; y Rivolta Bonino fue capturado horas más tarde por un grupo de tareas. Los tres continúan desaparecidos.

La causa también expone el seguimiento sistemático de la actividad gremial dentro de la fábrica, documentado en informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA). Antes del golpe de 1976, los trabajadores habían protagonizado medidas de fuerza y tomas de la planta en reclamo de mejoras laborales, un antecedente que los servicios de inteligencia consideraron relevante.

Los sindicatos aceiteros que actúan como querellantes sostienen que al menos 26 personas vinculadas a la planta de Avellaneda fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Si bien muchos de esos casos quedaron fuera de la acusación por falta de mérito, destacan que la llegada a juicio constituye “un logro de décadas de lucha” de familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El abogado querellante Pablo Llonto subrayó que el inicio del juicio genera alivio entre los familiares, aunque advirtió que el proceso llega con un número acotado de casos. “Al menos uno de los principales responsables civiles se sentará en el banquillo”, afirmó, y expresó su expectativa de que Parodi rompa el pacto de silencio y aporte información sobre otros responsables y el destino de los desaparecidos.

También es querellante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Su titular, Matías Moreno, remarcó que el juicio se desarrolla a 50 años del golpe de Estado y luego de once años de investigación. “Hay que profundizar en la responsabilidad empresarial. Estos sectores civiles colaboraron con el disciplinamiento de la clase trabajadora para imponer un modelo económico”, sostuvo.

Desde el CELS, Diego Morales destacó la relevancia del caso junto a otros procesos similares, como el de Mercedes-Benz. “Son causas clave para discutir la complicidad empresarial y fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia con las generaciones actuales de trabajadores”, señaló.

El juicio contra Parodi se inscribe en un escenario judicial complejo: el antecedente de Acindar, que terminó con absoluciones, y las demoras de la Corte Suprema en confirmar condenas contra ex directivos de Ford, muestran las resistencias persistentes a avanzar sobre el rol del poder económico durante la dictadura. En ese marco, el proceso que comenzará en abril aparece como una prueba decisiva para la justicia argentina en uno de los capítulos más sensibles del pasado reciente.

GZ