En enero de 2020, las autoridades sanitarias de Wuhan, en la provincia de Hubei (China), informaron a la Organización Mundial de la Salud sobre un brote de neumonía de origen desconocido relacionado con un mercado de mariscos y animales vivos. En ese contexto, el 9 de enero de 2020 se registró lo que hoy se considera oficialmente la primera muerte asociada al SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.
Se trató de un hombre de 61 años con comorbilidades graves, incluido un daño hepático crónico, cuyo desenlace se produjo como consecuencia de una neumonía severa y fallo respiratorio atribuible al nuevo coronavirus. Este evento fue reportado posteriormente por los medios oficiales chinos y recogido en las líneas de tiempo epidemiológicas internacionales.

Dos días después de ese deceso, el 11 de enero, las autoridades chinas hicieron público el caso y la OMS confirmó que el virus era un nuevo agente patógeno aislado de pacientes hospitalizados. En esa fecha también se reportaba un número inicial de afectados (alrededor de 41 personas con infección confirmada en Wuhan) y la alerta se extendió al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Aunque la OMS había sido informada de casos de “neumonía de causa desconocida” desde finales de diciembre de 2019, la confirmación de la primera muerte marcó un hito en la cronología del brote. En ese momento, la organización evaluó el riesgo para otros países y comenzó a emitir evaluaciones de situación; aún no se había declarado emergencia de salud pública de importancia internacional (eso ocurrió el 30 de enero de 2020) ni, mucho menos, pandemia global.
A partir de mediados de enero, el virus se identificó en centros urbanos fuera de China y, en cuestión de semanas, el conteo de casos y defunciones se multiplicó en Asia, Europa y, finalmente, en América y África. La rápida propagación evidenció la capacidad del virus para transmitirse incluso antes de que los sistemas de vigilancia epidemiológica hubieran detectado su presencia en muchos lugares.
Más allá de ese primer deceso, la pandemia de COVID-19 dejó una huella letal profunda a nivel mundial. Según estimaciones de la propia OMS, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 el exceso de mortalidad asociado directa o indirectamente a la pandemia superó los 14,9 millones de personas, cifra que toma en cuenta muertes tanto diagnosticadas como no registradas formalmente como COVID-19 en los certificados de defunción oficiales.

En retrospectiva, ese primer fallecimiento del 9 de enero simboliza el inicio de una crisis sanitaria de escala global que obligó a países enteros a reconfigurar sus estrategias de salud pública, acelerar la investigación científica y adaptarse a una amenaza epidemiológica sin precedentes en décadas recientes.